Sus térmicas están paradas mientras otros países las mantienen y obtienen más fondos
24 feb 2020 . Actualizado a las 10:42 h.En As Pontes y Cerceda, en donde sus gentes ya eran expertas en contar producciones eléctricas a través de megavatios a la hora, en los niveles caloríficos del carbón y la jerga energética tan árida para el común de los ciudadanos, han empezado a convertirse también en los mayores entendidos de la transición energética. Hoy en día, Galicia mira más que nunca hacia Bruselas, que ya ha dado a conocer sus previsiones para el reparto del Fondo de Transición Justa, dotado con 7.500 millones de euros, y con el que pretende movilizar otros 100.000, sumando las aportaciones de los distintos Estados, de las empresas implicadas y del Banco Europeo de Inversiones. En ese primer avance de sus previsiones, España ha quedado relegada como octavo país receptor de estos incentivos -que tienen por objetivo conseguir una Europa libre de carbón en el 2050- con 307 millones de euros, lo que no contenta a nadie. Ni al Ministerio de Transición Ecológica, ni a la Xunta ni a los concellos afectados.
Pese a las lógicas diferencias políticas de sus partidos, los representantes gallegos de PSOE, PP y BNG en el Parlamento Europeo coinciden, no obstante, en un criterio común. Por distintas causas, Galicia está padeciendo una descarbonización exprés, por lo que, en materia medioambiental, está mucho más avanzada que otros territorios. En Cerceda ya está en marcha el cierre de la central térmica de Naturgy, y Endesa, aunque se comprometió a experimentar con una mezcla de carbón y biocombustibles, ya ha solicitado también la clausura oficial de su central de As Pontes, una de las de mayor potencia del país, con 1.400 megavatios. Los efectos sobre esas comarcas ya son evidentes. En primera instancia, en las empresas auxiliares y en el sector del transporte. Por ello, los europarlamentarios han levantado la voz para advertir de que ese esfuerzo tiene que ser compensado frente a otros países, como Polonia -que recibirá el 26 % del total del Fondo de Transición Justa- o Alemania, que se adjudica 877 millones, y que mantendrán sus térmicas abiertas durante muchos años más.
«Iniciar la transición y el cierre del carbón antes ha provocado desempleo y ese debe ser uno de los valores que se tienen que tomar en cuenta, un diferencial con respecto a Chequia, a Rumanía, a Eslovaquia o Alemania», sostiene el eurodiputado gallego del PSOE, Nicolás González. La transición energética copa la agenda del socialista, que en las últimas semanas ha mantenido entrevistas por este mismo asunto con Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, y con Elisa Ferreira, comisaria de Desarrollo Regional, con competencias sobre los fondos regionales. Por ello, echa en falta también una «estratexia da Xunta» para mejorar el acceso a los fondos, mientras otras comunidades han empezado ya a moverse. «Hai países que non pecharán as súas térmicas ata o 2030, polo que terán máis tempo para adaptarse, mentras que aquí temos un impacto máis rápido, máis brusco», sostiene Ana Miranda, portavoz del BNG en Bruselas, quien a finales de año mantuvo un encuentro con Ana Pontón y la directora de Mercados de Carbono en Europa e Internacionales, Beatriz Yordi. Miranda cree que, por el momento, «nos mandan limpar a casa, pero sin escoba», en alusión a la fijación de objetivos por parte de las autoridades comunitarias pero sin herramientas muy definidas.
El europarlamentario gallego del PP, Francisco Millán, critica la injusticia de que se obvien los «deberes climáticos» realizados por España y reprocha que sean miembros del Partido Socialista Europeo los que hayan diseñado el reparto de los fondos. «Parece injustificado que en España recibamos 6,6 euros por habitante frente a los 8,7 de Alemania o los 52,7 de Polonia», subraya, a la vez que anuncia que «en el PP gallego lucharemos en todos los ámbitos a favor de su revisión.
Una transición que alerta al sector primario, la automoción y la energía, pero con grandes oportunidades de futuro
Los efectos más duros en la lucha por un mundo ambientalmente más limpio y sostenible son perfectamente visibles en Cerceda y As Pontes, aunque los expertos no dejan de insistir en que la descarbonización de la economía puede suponer también para Galicia un amplio abanico de posibilidades, ligadas a prácticas verdes. No obstante, aunque el foco está puesto en la industria energética, la larga sombra de la transición ecológica llegará sin remedio también a otros sectores. La fortaleza está en poder darle la vuelta a la situación y sacar provecho de ese cambio de modelo.
Como ejemplo, Nicolás González apunta al sector de la eólica marina, «que va a experimentar un gran incremento y en el que Galicia está muy bien posicionada. Hay una oportunidad industrial muy importante», incide. También, añade, para los astilleros gallegos, con el cambio de la propulsión de los buques para consumir gas.
No obstante, alerta de las amenazas para el sector del automóvil, también de peso en la comunidad, ya que por cada nueva unidad que supere un límite de emisiones, los fabricantes deberán de pagar una tasa que disparará los costes de producción.
Para Ana Miranda, los nuevos requisitos ambientales también suponen algunas amenazas para el sector primario, la agricultura y la pesca. «En Galicia, a metade das explotacións terían que deixar de producir, polos purines», pero esa misma circunstancia también puede convertirse «nunha gran oportunidade porque poderán modernizar as explotacións e os seus tratamentos de residuos».
Francisco Millán es muy crítico con el impacto sobre los distintos sectores gallegos que tienen las medidas del Ejecutivo central. «El Gobierno de Sánchez es presa del síndrome Greta: no se quiere enfrentar a las consecuencias negativas de su fundamentalismo ecológico en comarcas como el Eume, que se enfrenta a la destrucción de muchos puestos de trabajo», sentencia.
