La negociación para la reforma del sistema público de pensiones echa a andar un año después de que saltase por los aires
09 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El Pacto de Toledo echa a andar de nuevo un año después de que se desintegrara. «Está muerto». El entonces diputado de PdeCAT Carles Campuzano certificó así la imposibilidad de llegar a acuerdo justo cuando más cerca estaba y después de dos años y medio de trabajo. Campuzano no estará en esa comisión, toda vez que ha abandonado la primera línea política, ni tampoco otros veteranos, como Celia Villalobos y Gerardo Camps (del PP), ni el ex de Ciudadanos Sergio del Campo. Tampoco asistirán al debate sobre cómo reformar un sistema en números rojos la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni su compañera de filas Aina Vidal, precisamente a quienes se atribuyó la culpa de que el pacto saltara por los aires. Carmen Pita será ahora la portavoz de Podemos, partido que puede ser clave en el consenso, pues fue el que más se opuso en la anterior etapa y quien un año atrás presentó enmiendas particulares a 20 de las 21 recomendaciones. Pero a la actual comisión se suma Vox, lo que puede generar más división a la vista de que abogan por un sistema mixto. Su presidenta será previsiblemente la anterior ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que vuelve años después a formar parte de un equipo en el que se mantienen la socialista Mercè Perea, el peneuvista Iñigo Barandiaran o el diputado de Esquerra, Jordi Salvador.
Recomendaciones
Sobre la mesa estarán las 21 recomendaciones ya hechas. Entre los consensos de hace un año hay temas espinosos como la revalorización de las pensiones, la separación de fuentes, la necesidad de alargar la edad de jubilación, las medidas para disminuir la brecha de género y la reforma de las pensiones de viudedad y orfandad. La creación de un factor de sostenibilidad que incluya la esperanza de vida, la edad legal de jubilación y la definición de qué es una pensión digna pueden ser los grandes escollos. El primer acuerdo que anunció el Pacto de Toledo -no suscrito por Esquerra- fue la necesidad de que las pensiones vuelvan a revalorizarse «en base al IPC real», no con el Índice de Revalorización (IRP) que trajo la reforma del Gobierno del PP y que abocaba a los pensionistas a subidas mínimas del 0,25% mientras el sistema tenga déficit.