El juez quiere que el BBVA aclare por qué fallaron sus órganos de control en el caso Villarejo

Llama a declarar al representante legal del banco el 24 de septiembre


Madrid / Colpisa

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón pretende que el BBVA, investigado en calidad de persona jurídica por tres delitos en relación a los espionajes y otros «servicios de información» encargados al comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, aclare por qué fallaron sus órganos de control para permitir unas contrataciones que considera a priori «ilícitas». Porque, entre otras cosas, se produjeron cuando el citado policía todavía estaba en activo y vulneraron la intimidad de diferentes personas. Según fuentes jurídicas, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez persigue que el banco adopte una posición proactiva si realmente quiere acreditar que la sociedad desconocía las irregularidades descubiertas.

Por ese motivo la declaración del representante legal de la entidad financiera, prevista para el 24 de septiembre, puede ir más allá del formato habitual en las imputaciones empresariales y adquirir una importancia inusitada para medir tanto el grado de colaboración real del banco con las pesquisas judiciales como el funcionamiento de su programa de prevención de delitos (compliance), obligatorio para las compañías desde la reforma del Código Penal del 2010.

En el auto donde decretaba de manera oficial que el BBVA pasaba a ser investigado como persona jurídica, el juez instructor del caso sostiene que su cúpula «consintió» la contratación de empresas de Villarejo (fundamentalmente, la firma Cenyt) para «múltiples servicios de inteligencia y de investigación de naturaleza patrimonial» pese a tener «carácter ilícito», en vista del «beneficio personal y empresarial» que podían reportar sus servicios. En concreto, desde su primer encargo en el 2004 hasta los últimos en el 2017 -todos durante la presidencia de Francisco González, que aún no es investigado de manera formal-, realizó espionajes a personas (entre ellas, el exministro Miguel Sebastián) vinculadas a la toma de posiciones de Sacyr en el accionariado del banco, la asociación de consumidores Ausbanc y varias constructoras morosas como Martinsa Fadesa, entre otras.

Por esos trabajos, el comisario percibió al menos 12,3 millones de euros por supuestos análisis de riesgo de varios países donde operaba la entidad financiera, según las fuentes citadas. Esta es la razón por la cual el juez y los fiscales estiman que el banco podría haber incurrido en un delito de cohecho dado que, como policía en activo, Villarejo tenía prohibido realizar esos trabajos.

Respecto a los «múltiples» delitos de descubrimiento y revelación de secretos, consideran que su responsabilidad penal deriva de que los servicios encargados supusieron «una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas» mediante seguimientos, intervenciones telefónicas (más de 15.000) e incluso acceso a documentación reservada.

¿Actos personales o del banco?

Del delito de corrupción en los negocios el reproche se refiere a que algunos directivos investigados «habrían percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones». No se concreta qué cargos podrían ser, aunque con ello el juez abre la puerta a que el banco pueda descargar en algunos las responsabilidades. Pero García-Castellón quiere que sea la propia entidad la que explique, con informaciones concretas, si estaríamos ante actuaciones «personales» de directivos que «pudieran resultar contrarias al interés» de la misma.

También pretende que el representante legal del banco le detalle cómo funcionaron en este caso los «mecanismos de control» de BBVA, que en apariencia fallaron. De la eficacia de la «vigilancia» de las distintas áreas de la entidades -riesgos y supervisión, auditoría interna y cumplimiento legal, y por encima de ellas, el consejo de administración- dependerá el futuro procesal del banco.

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