Unai Sordo: «El Gobierno ha improvisado con el control horario, ha orientado poco»

Unai Sordo (Barakaldo, 1972) cumplirá el 30 de junio dos años como secretario general de CC.OO., un aniversario que coincide con las tomas de posesión de los nuevos gobiernos salidos de las urnas. Sobre el que regirá el destino de España, sus deseos son claros y manifiestos: «Fuerte, sustentado en una mayoría parlamentaria amplia, y con la lucha contra la desigualdad y la precariedad por bandera». Acaba de participar en el 34º Congreso de Jueces por la Democracia, celebrado en A Coruña.

-O sea, que prefiere usted una alianza PSOE-Unidas Podemos...

-Un sindicato no está para decir si un gobierno tiene que ser o no de coalición pero no se debe permitir que solo se demonicen las alianzas de izquierda, mientras que en tres meses se normaliza una opción de extrema derecha como es Vox.

-¿Se han cumplido las expectativas con las que llegó al cargo? La reforma laboral aprobada durante la crisis sigue vigente, y lo mismo con las pensiones...

-Hemos logrado, en parte, corregir un fenómeno preocupante en España. Llevábamos dos años de recuperación y los salarios seguían cayendo, una absoluta anomalía. Los últimos datos de los convenios colectivos recogen que los sueldos han subido un 2,21 % de media. Pero no cabe ninguna valoración de autosatisfacción cuando la precariedad laboral campa a sus anchas.

-La subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) a 900 euros, ¿crea o destruye puestos de trabajo?

-Acabamos de publicar un informe con cifras que niegan lo que dice el Banco de España. Desde el cuarto trimestre del 2018 al primer trimestre del 2019 el porcentaje de mantenimiento de empleo en los colectivos beneficiados por el alza del SMI (personas con estudios primarios, baja cualificación o de reciente incorporación al mercado laboral) es exactamente el mismo que en los últimos cuatro años.

-Y podrían ser más altos...

-De hecho, hemos suscrito con la patronal que los salarios mínimos de convenio se sitúen en 14.000 euros anuales. Es lo razonable. Los salarios más bajos sufrieron durante la crisis una devaluación del 20 %.

-Vamos, que no consideran ustedes que el coste para las empresas vaya a suponer un freno...

-Si la CEOE firmó un salario mínimo de convenio de 1000 euros, ¿cómo puede decir que un SMI de 900 euros va a ser un problema para los empresarios? Si lo hizo es porque es consciente de que las empresas tienen capacidad para pagar más. Están repartiendo más dividendos y tienen más beneficios que antes del 2017.

-Entonces, ¿son agoreras esas previsiones?

-Hay quien piensa que no debería haber salarios mínimos, lo que pasa es que no lo dice. Creen que el precio de los salarios se puede ajustar como quien ajusta un tornillo, según oferta y demanda, y que si alguien está dispuesto a trabajar por 400 euros por qué no se va a permitir.

-Es usted crítico con el registro horario. No en el fondo pero sí en las formas...

-Obviamente hay que adaptar las distintas fórmulas a la realidad de cada sector, porque no es lo mismo una fábrica a turnos que la pesca o las auditorías que trabajan por proyectos. Pero tiene que haber un sistema de control porque en España se hace un número de horas extraordinarias disparatado. Me llama la atención que se hable con normalidad de la exigencia de trazabilidad para una lechuga que se produce al otro lado del mundo, y parezca escandaloso exigir un control horario. Es verdad que ha habido un punto de improvisación por parte del Gobierno, que ha orientado poco al respecto.

-Apuestan por una profunda reforma fiscal. ¿Más impuestos o más impuestos solo para algunos?

-España tiene una presión fiscal ocho puntos por debajo de la alemana. Con que recaudásemos la mitad, serían cuarenta y pico mil millones de euros de ingresos, para paliar el déficit de la Seguridad Social o para acometer en serio la financiación autonómica. Hay que incrementar la presión fiscal a las rentas altas. La media del impuesto de sociedades está en el 10,4 %. En el 2000 estaba en el 22 %. No puede ser que, porcentualmente, una empresa pague por sus beneficios menos que un trabajador por su nómina. Para los autónomos hay que buscar un sistema que vincule sus bases imponibles con sus ingresos reales.

«Tenemos un millón de afiliados, más que cualquier partido, por algo será...»

Sordo asegura que la reconversión industrial es uno de los debates estratégicos más importantes que debe abordar el país.

-En el País Vasco saben bien lo que es el fenómeno del desmantelamiento industrial. Alcoa, Ferroatlántica, Isowat... La lista de víctimas en Galicia es larga.

-Es uno de los grandes desastres estratégicos de España. Necesitamos apostar por la industria, otra industria, alternativa. Hay que rebajar el precio de la energía a los grandes consumidores y aprobar ya un estatuto electrointensivo. Nos hemos quedado en la periferia y sin capacidad de decisión.

-El gobierno no tocará la hucha de las pensiones para pagar la extra de junio pero tirará de préstamo... ¿Hasta cuándo será sostenible el sistema?

-No se puede recurrir a préstamos. Tiene que haber transferencias del Estado y medidas que mejoren la situación financiera de la Seguridad Social, que sigue sosteniendo gastos que no le corresponden.

-¿Retrasar la edad de jubilación es una opción para garantizar la sostenibilidad de las pensiones?

-No estamos de acuerdo con que se retrase la edad legal. Entre los 65 y los 67 me parece más que razonable.

-¿A favor o en contra de donaciones como las de Amancio Ortega?

-En este país somos de blanco o negro. Si el empresario paga los impuestos que le corresponden, me parece muy bien. Pero creo que debería haber algo así como un fondo de donantes, que decida adónde va ese dinero.

-¿Quién tiene peor fama? ¿Funcionarios, periodistas o sindicatos?

-Yo creo que hemos recuperado parte de la buena fama que teníamos, pero porque tampoco habíamos perdido tanta como se dice. Si seguimos en el millón de afiliados, más que cualquier partido, por algo será.

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