La excúpula de Caixanova se enfrenta a 4 años de cárcel por la operación inmobiliaria de Rivas

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

El juez ha impuesto a Gayoso, Gorriarán, Pego y González Mera una fianza de más de 68 millones

25 oct 2018 . Actualizado a las 08:00 h.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará de nuevo -y será la segunda vez- a la excúpula de Caixanova, con Julio Fernández Gayoso a la cabeza, por la presunta comisión de un delito societario continuado, en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social, en relación con una operación inmobiliaria que la entidad autorizó (a través de su filial financiera, Proinova) en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid y que acabó suponiendo un quebranto económico de casi 42 millones a la antigua caja, cuyo negocio ha heredado la actual Abanca.

En un auto fechado el pasado día 18 pero conocido ayer, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, que sustituye a la instructora del caso, Carmen Lamela, tras su incorporación al Supremo, acordó la apertura de juicio oral para los cuatro acusados. Así, el expresidente de la antigua Caixanova, Julio Fernández Gayoso; José Luis Pego, ex director general; Gregorio Gorriarán, director de la división comercial; y el responsable de la división de planificación financiera y control Domingo González Mera se enfrentan a peticiones de 4 años de cárcel por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, mientras que Abanca (acusación particular en la causa) pide un año menos por el mismo delito.

24 horas para depositar fianza

El juez también ha dado un plazo de 24 horas para que se les requiera a los acusados que presten una fianza civil, de forma solidaria, por importe de 68,35 millones de euros, «a fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que en definitiva pudiera imponérseles». Esta cuantía es superior a los 41,8 millones en los que la magistrada Carmen Lamela, que instruyó el caso hasta el pasado verano, cifró el perjuicio provocado a Caixanova con la operación de crédito autorizada por los acusados. Sin embargo, De Egea no explica en el auto cómo ha hecho dicho cálculo.