«Hay compañeros que están en el limbo: no los han despedido aún y no pueden cobrar el paro»

Año y medio después, aún no saben qué llevó a su empresa a disolverse como un azucarillo. «Pasó de ser la tercera de España del sector de la seguridad privada a desaparecer en pocos meses», resume Valentín Costa, uno de los 700 trabajadores gallegos que integraban la plantilla de Segur Ibérica cuando esta anunció, en noviembre del 2016, su intención de aplicar un ERE para adelgazar plantilla. Ya fuese por los impagos de algunos clientes o por los contratos poco rentables que mantenía con otros, lo cierto es que lo que se vendió como un simple ajuste de personal acabó en un concurso de acreedores y, poco después, en la liquidación.

Un proceso que los siete mil trabajadores vivieron de forma muy diferente. La mayoría cumplían los requisitos para ser subrogados por las nuevas empresas que se hicieron cargo de los servicios que dejaba de prestar Segur, pero no todos lo consiguieron. Uno de los que sí vieron reconocido ese derecho fue Rubén Aguiar, asignado a la vigilancia del Adif. Aunque la suya fue una de las transiciones menos traumáticas (todos sufrieron en algún momento del proceso impagos o retrasos en el abono de las nóminas, además de la incertidumbre que siempre conlleva un concurso de acreedores), se lamenta del papel pasivo que jugó la Administración: «Además de ser el principal cliente de la seguridad privada en España, cuando pasó esto muchos de nosotros trabajábamos en lo que se consideran infraestructuras críticas [aeropuertos, estaciones de tren, centrales eléctricas...] con un nivel 4 de alerta antiterrorista y les dio igual si quedaban descubiertos los servicios».

Una de las muestras de esa desidia del sector público es la situación en la que quedaron dos de sus compañeros, César Varela y el propio Valentín Costa, que ejercían labores de vigilancia en el recinto ferial de Ferrol, un servicio contratado por el Ayuntamiento, que no ha encontrado aún a una empresa que se haga cargo del servicio, por lo que no han podido ejercitar su derecho a la subrogación. Este no vence hasta noviembre, pero, desalentados por cómo discurría el proceso (las licitaciones convocadas hasta ahora quedaron desiertas), ambos han reorientado ya sus carreras profesionales: César consiguió empleo en otra de las grandes empresas del sector y Valentín finalizó sus estudios para trabajar como detective privado.

Con todo, saben que no han sido los peor parados. «Tenemos compañeros que están en un limbo, porque aún no los han despedido y no les reconocen el paro», explica Valentín, que critica la mala gestión del proceso por parte del administrador concursal, que ha provocado que muchos de ellos, como Julio Gómez (más de 20 años en el grupo), se enfrenten ahora a complejos trámites para regularizar su situación con Hacienda.

Pero, más allá de los pleitos para cobrar lo que les deben, lo que más les escuece es la desmovilización que vivieron durante el proceso: «Hoy la gente solo protesta en Facebook, y la empresa se encargó de dividir para que cada uno mirase solo por su puesto de trabajo».

De dónde vienen

Un ERE que acabó en liquidación. Aunque una empresa se mostró interesada en quedarse con parte de la estructura productiva de Segur durante el concurso, la oferta se retiró y la empresa acabó en liquidación.

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