Los concellos casi triplicaron los ingresos por IBI rústico desde que arrancó la crisis

Los datos que maneja la Dirección General del Catastro muestran que Galicia es la comunidad donde más han crecido los ingresos por IBI rústico en los últimos años. En el 2008, antes de que estallara la crisis, los municipios gallegos ingresaron por este impuesto 5,54 millones de euros; en el 2016, la recaudación se había disparado hasta los 14,2 millones, es decir, casi el triple. Esto ha ocurrido, en gran medida, porque las instalaciones de uso agroganadero -como es el caso de establos, naves o galpones-, que antes no pagaban nada, han pasado a tributar.

Hay dos motivos para ello. Bien porque antes tenían un valor cero y ahora no, algo que es consecuencia de la revisión catastral realizada a petición del municipio; bien porque antes eran inexistentes a ojos de la Administración local mientras que ahora hay constancia de su existencia. Esto tiene que ver con el plan de regularización extraordinaria, que arrancó en el 2013, que está ligado a la lucha contra el fraude y con el que el Catastro, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, hizo aflorar bienes ocultos al fisco.

La confluencia de ambas variables ha creado el escenario que se ha dado en llamar catastrazo rural, que ha generado un profundo malestar en los habitantes de zonas rurales, muy acostumbrados históricamente por sus dirigentes locales a pagar pocos impuestos. Una inhibición fiscal que la caída de ingresos provocada por la crisis obligó a revertir si se querían mantener los servicios. La vertiginosa subida del IBI en el campo, tanto el urbano como el rústico, ha coincidido en el tiempo con un medio rural azotado por la crisis demográfica y, sobre todo, por la caída de rentabilidad de las actividades agroganaderas tradicionales.

«Dende o momento en que se desvalorizaron as instalacións e os bens no rural non parece que teña moito sentido facer unha revisión á alza», apunta Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, una de las organizaciones que en Galicia más ha denunciado el catastrazo del rural. A su entender, «non ten sentido logo ir falando de impostos cero no rural, porque a realidade é a contraria e, aínda por riba, trasládase á poboación a idea de que temos un trato diferenciado».

La revisión de valores y la regularización de bienes tiene mucha relevancia en explotaciones agroganaderas grandes, con naves y almacenes de mayor tamaño. Sus titulares antes no tributaban por ellas y ahora se pueden encontrar con un recibo anual del IBI que oscilaría, dependiendo de la valoración que se haya hecho de la propiedad, entre los 500 y los 900 euros. La normativa habilita al concello para que establezca un gravamen de entre el 0,3 y el 0,9 % del valor de la propiedad. Un establo grande valorado en 100.000 euros, por ejemplo, tendría que pagar por el impuesto 900 euros si se aplicase el tipo máximo. En el mínimo serían 300.

Bienes que afloran

El plan de regularización catastral ha hecho que afloren en Galicia 346.000 inmuebles no declarados y que en los últimos cuatro años -desde que se inició esta inspección- el recibo medio del impuesto de bienes inmuebles (IBI) se haya incrementado en los municipios gallegos entre un 4 y un 8 %, según los datos que maneja la Dirección General del Catastro. Aquí se incluyen también naves, establos, alpendres y galpones, que ahora sí tributan.

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