La inspección masiva del Catastro hace subir el IBI hasta un 8 % en los concellos

Lugo es la provincia con mayor incremento del recibo tras las revisiones de bienes ocultos

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santiago / la voz

El plan de regularización catastral ha provocado que se destapen en Galicia 346.000 inmuebles no declarados y que en los últimos cuatro años -desde que se inició esta inspección- el recibo medio del impuesto de bienes inmuebles (IBI) se haya incrementado en los municipios gallegos entre un 4 % y un 8 %, según los datos que maneja la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda. Eso, al margen de las subidas puntuales que hayan ejecutado los propios concellos durante este tiempo.

El hecho de que aflore un bien oculto -una nueva construcción, una piscina, una ampliación o una reforma- hace que aumente el valor catastral de esa propiedad y, en consecuencia, el impuesto que se paga por ella a las arcas municipales. En la provincia de A Coruña, el incremento medio del recibo del IBI de los municipios acogidos a la regularización ha sido del 4,93 %; en la de Ourense, del 3,77 %; en Pontevedra, del 5,32 %; y en la provincia de Lugo, la más onerosa, del 7,83 %. Hay que tener en cuenta que en este territorio es donde Hacienda ha peinado más ayuntamientos. De los 346.199 inmuebles descubiertos en Galicia, 93.946 corresponden a esta provincia, es decir, casi el 27 %.

La tasa a abonar

A lo anterior hay que sumar que la ley del catastro inmobiliario establece una tasa de 60 euros por la comunicación de esa irregularidad, con el objetivo de abonar los costes de toda esta inspección. Teniendo en cuenta el número total de bienes aflorados, significa que desde que se inició la regularización en el 2014 Hacienda ha ingresado 22,7 millones de euros en la comunidad gallega. Además de la tasa que tiene que pagar, el hecho de tener un bien oculto o no regularizado supone que el contribuyente tiene que ponerse al día en el municipio donde reside, que es el que cobra el IBI. El Ayuntamiento podrá exigirle el pago de los recibos no prescritos en los últimos cuatro años, así como los intereses de demora. Las construcciones agrarias están exentas de liquidaciones con atrasos. Regularizar el bien en el Catastro no implica legalizar la obra en el registro de la propiedad. Porque una cosa es el efecto fiscal, y otra el urbanístico, una competencia que es municipal.

En casos tan abundantes como piscinas hinchables, pérgolas o barbacoas, las imágenes aéreas -una de las herramientas más frecuentes que usa Hacienda para la inspección- pueden llevar al error de considerar estos elementos como una construcción oculta a efectos fiscales (que no urbanísticos). Cuando Hacienda detecta algún tipo de anomalía, la agencia regional del Catastro envía una carta al contribuyente para notificárselo. El ciudadano tiene 15 días para presentar un escrito de alegación y justificar la disconformidad. Los asesores recomiendan adjuntar fotos que permitan demostrar el error en la valoración por parte de Hacienda.

Hacienda ha ingresado 22,7 millones en tasas por los 340.000 bienes no declarados El valor catastral es la base de cálculo para la mayor parte de los tributos ligados a los inmuebles. En el ámbito local tiene impacto directo en las plusvalías municipales y en el IBI, la gran joya fiscal de los ayuntamientos, un impuesto que aporta, por término medio, un 30 % de sus ingresos. La antigüedad de la construcción, el estado de conservación o su ubicación, entre otros, son algunos de los criterios técnicos que utiliza el Catastro para determinar unos valores cuya adaptación es responsabilidad de los ayuntamientos. Desde que estalló la crisis, ese valor ha subido de media en Galicia un 16 %. Han influido dos factores: la actualización a petición de los concellos para recaudar más y este plan de regularización.

Los ingresos de los ayuntamientos por la vivienda repuntan hasta los 480 millones

El trabajo de los técnicos del Catastro para destapar más de 340.000 bienes no declarados en Galicia tiene una consecuencia evidente para los ayuntamientos: mayores ingresos por el recibo del IBI. A esta contingencia general (es un procedimiento para toda España) se está sumando otra particular: las subidas que están decretando muchos concellos para revisar un tributo anclados en algunos casos en los años ochenta. Los dos fenómenos se están traduciendo en una notable subida de la recaudación del impuesto a la vivienda.

En los últimos tres ejercicios -desde que se iniciaron las inspecciones- los ayuntamientos gallegos han incrementado sus ingresos por impuesto de bienes inmuebles (IBI) urbano en más de un 6 %, hasta los 483,6 millones de euros con los que se cerró el 2016, según datos del Ministerio de Hacienda. Hace tres años, cuando se inició la inspección del catastro para aflorar bienes ocultos, esos ingresos estaban en unos 465 millones. Es decir, aumenta casi 20 millones en apenas tres ejercicios. Esta cifra tiene sin computar los 134.000 inmuebles que se han descubierto en los últimos doce meses, y que contribuirán a mejorar esa recaudación.

Hace diez años, en pleno bum económico, el IBI urbano dejaba en las arcas municipales 277,4 millones de euros, repartidos entre dos millones de recibos. Ahora los ingresos han crecido un 75 %, algo que no se corresponde con el incremento en la base de inmuebles, que ha aumentado en 617.000, un 30 %. Conclusión: se ha gravado más a cada contribuyente. En total, en diez años los vecinos de los ayuntamientos gallegos han pagado casi 4.400 millones de euros en concepto de bienes inmuebles.

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