Los exdirectivos de la caja de ahorros se enfrentan a penas de prisión de hasta 17 años
29 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El saqueo «organizado» de las arcas de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que tuvo que ser rescatada en el 2011 con 5.249 millones de euros de dinero público, sentará a partir de hoy y hasta el 21 de julio en el banquillo de la Audiencia Nacional a ocho ex altos cargos de la entidad con su expresidente, Modesto Crespo, a la cabeza.
Están acusados de media docena de delitos, entre ellos estafa, falsedad, administración desleal y apropiación indebida, por los que se enfrentan a penas de prisión de hasta 17 años.
También pesan sobre ellos indemnizaciones por importe de 1.592,5 millones de euros, y sobre las que en abril del 2016 se les impuso una fianza civil conjunta que, al no poder sufragar, motivó que su patrimonio fuera embargado de forma cautelar. A su vez, el Banco Sabadell -que se quedó el negocio bancario de la caja de ahorros- ha sido declarado responsable subsidiario para el pago, en caso de haber condena, de 25,6 millones de euros por las cuotas participativas de la CAM.
La instrucción del caso se extendió durante tres años y medio, con la Fiscalía Anticorrupción -que pide penas de hasta siete años de cárcel- y el Fondo de Garantía de Depósitos -reclama hasta nueve años- como principales acusaciones.
Entre los perjuicios que los acusados causaron presuntamente a la CAM destaca la «alteración» de las cuentas del 2010 y el 2011, que «no reflejaban la imagen fiel de la entidad» al haberse realizado operaciones a espaldas del auditor.
Fue, resalta la juez Carmen Lamela, «la ejecución de un plan concertado por el comité de dirección», cuya finalidad era la integración en una «fusión fría» con otras cajas para así «diluir el verdadero estado crítico» de sus finanzas. De esa forma podrían «cobrar los incentivos por resultados, junto a otros complementos por su buena marcha». En el caso de las cuentas correspondientes al ejercicio 2011, directamente «estaban falseadas» para ocultar su «situación crítica» -hasta 1.136 millones en pérdidas-, «manipulaciones» contables que «agravaron su insolvencia».