«La independencia es un valor hasta que es una carga. Y habrá que elegir»

El presidente del Popular pone sobre la mesa las opciones: ampliar capital o fusionarse

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madrid / la voz

Emilio Saracho, el nuevo presidente del Banco Popular -segunda entidad financiera de Galicia por red y clientes, además de con 60.000 pequeños inversores de la comunidad-, se estrenó este lunes ante la junta general de accionistas admitiendo que el banco solo tiene dos opciones de supervivencia futura: una macroampliación de capital o una operación corporativa, es decir, una fusión o una venta. Y aunque dijo preferir la primera alternativa, no descartó la segunda.

«Creo que la independencia es un valor hasta que es una carga. Y llegará un momento en el que habrá que elegir entre uno y otra», resumió Saracho en su turno de respuesta a los pequeños inversores, que manifestaron su indignación y su miedo -repetidamente y a partes iguales- sobre el futuro del banco, después de que cerrara el ejercicio pasado con unas pérdidas históricas de casi 3.500 millones de euros, tras ampliar capital en junio por importe de 2.500 y de que la semana pasada trasladara a la CNMV que, como resultado de una auditoría interna, habría que «corregir» dichas cuentas en más de 600 millones. Todo ello ha acrecentado las dudas.

De hecho, como ya ocurrió en la anterior junta -extraordinaria, en febrero-, los accionistas reclamaron insistentemente la exigencia de responsabilidades a la antigua cúpula del banco, con el expresidente Ángel Ron a la cabeza, como artífice último del hundimiento de la que llegó a ser la entidad más rentable de Europa. Pero Saracho dejó claro que prefería mantener la mirada puesta en el futuro. Así, sobre la hipotética adopción de medidas legales contra el anterior equipo, solo dijo que «de momento no hay razones para ello, aunque haya gente a la que le apetezca».

Popular «merece la pena»

Después de reiterar su compromiso con el banco, asegurando que creía, al igual que los accionistas, que «Popular merece la pena», apuntó al principal reto que la entidad tiene por delante: «recuperar la credibilidad» para acudir al mercado, ya que no espera flexibilidad alguna en las exigencias regulatorias de capital por parte del Banco Central Europeo. «Sin esa flexibilidad parece que el diagnóstico general es unánime: estamos abocados a aumentar capital para seguir adelante», admitió.

Al respecto dijo que su «preferencia» era que, de acudir al mercado, no fuera solo para cubrir los niveles exigidos de capital, «sino para alcanzar un volumen de fondos propios que permita garantizar al banco la ejecución de su estrategia y competir en el mercado en igualdad de condiciones». No concretó cuándo y por cuánto se hará esa nueva ampliación de capital, pese a las repetidas preguntas de los accionistas: «Depende de cómo vendamos los activos y de cómo evolucione el negocio».

Pero, pese a que Saracho dijo preferir la opción de seguir en solitario, también puso sobre la mesa el plan B: «A lo largo de la crisis hemos permanecido independientes y esto es parte de nuestro valor diferencial. Pero eso no significa que piense que una operación corporativa en la que se reconozca el valor intrínseco de Popular no es una opción», dijo. Se valorarán «todas las alternativas».

El mercado acogió con mucho recelo su hoja de ruta: la acción se desplomó ayer un 9,6 %, cerrando en 0,73 euros, su nuevo mínimo histórico. El banco vale hoy apenas 3.400 millones.

El expresidente Ron volvió a ser el objetivo de las iras de los pequeños accionistas

Igual que ocurrió en la junta de febrero, Ángel Ron, que presidió el banco durante los últimos doce años, fue el protagonista ausente. Numerosos accionistas le responsabilizaron de sus males -el hundimiento de una acción que ha perdido más del 90 % de su valor en una década, además del cierre de oficinas, despidos y pérdidas millonarias- y exigieron que se le retirara cualquier indemnización recibida. «Hay que evitar que quien ha arruinado a miles de ahorradores pretenda salir bajo palio», señaló el abogado Felipe Izquierdo, que insistió en que pagarle una pensión «millonaria» amparándose en que lo había acordado el consejo «no colaba». Exigió «no recompensar» la mala gestión, pero el secretario del consejo, Francisco Aparicio, por indicación de Saracho, explicó que Ron no había recibido indemnización alguna por su cese.

Izquierdo no fue el único en reclamar al banco la adopción de medidas legales para depurar responsabilidades. El portavoz de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y socio del despacho Cremades & Calvo Sotelo Ignacio Aragón anunció que de no poner en marcha la entidad una investigación interna para esclarecer si se habían producido filtraciones de información con el objetivo de hacer caer el precio de la acción para beneficiar a los bajistas, Aemec lo haría ante la CNMV y los tribunales. «Si hay acciones dolosas, por supuesto que el banco iniciará acciones legales», dijo Aparicio, añadiendo que, por ahora, solo son «rumores» y pidió a los accionistas que informaran si tenían evidencias de ello.

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