¿Es Madrid un paraíso fiscal dentro de España?

La comunidad que preside Cristina Cifuentes, acusada de hacer dumpin con sus bonificaciones fiscales, está en el centro de una guerra a cuenta de los impuestos para atraer a contribuyentes y empresas


Madrid / La Voz

¿Es Madrid un paraíso fiscal dentro de España? La respuesta es afirmativa para los responsables de otras comunidades autónomas, tal y como quedó patente en la conferencia de presidentes celebrada el pasado enero, en la que los líderes del PSOE cargaron contra la política tributaria de Cristina Cifuentes, acusándola de hacer dumpin fiscal con sus bonificaciones en impuestos.

La queja general, verbalizada por los presidentes socialistas de Andalucía o Valencia, pero compartida extraoficialmente también por comunidades gobernadas por el PP, es que los bajos tributos de Madrid perjudican al resto de territorios, que ven como parte de sus contribuyentes se instalan en la capital para rebajar su factura fiscal. Acusan a la capital de «competencia desleal» en materia tributaria y reclaman aprovechar la reforma del sistema de financiación autonómica para acometer una «armonización» que reduzca la brecha y que todos paguemos lo mismo -o casi- independientemente de la comunidad de residencia.

Impuestos altos por ideología

Pero, ¿es realmente Madrid un paraíso fiscal? La presidenta, Cristina Cifuentes, lo negó en una reciente entrevista: «Todas las regiones de régimen común pueden bajar los impuestos y establecer bonificaciones como lo hace Madrid, y si no lo hacen es porque no quieren, debido a motivos estrictamente ideológicos». Además, anunció que continuará bajando los impuestos siempre que le sea posible.

Los expertos constatan que efectivamente Madrid es la comunidad con una fiscalidad más ventajosa para el contribuyente, especialmente en los impuestos de sucesiones y donaciones (bonificado al 99 % para familiares directos) y en el de patrimonio (bonificado en su totalidad). Pero no son los únicos. También ocurre con el IRPF, que en el caso de la capital su tipo máximo se queda en el 43,5 % frente al 48 % de Andalucía, Cataluña o Asturias, debido a que es más reducido en su tramo autonómico (21 %), haciendo uso de la capacidad normativa que tiene la comunidad.

«El tipo general del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados también resulta ser el más bajo en Madrid (6 %), junto con otras comunidades como el País Vasco, mientras que en Cataluña, llega al 10 %», recuerda el economista y asesor fiscal José Miguel Golpe, apuntando que «el mayor esfuerzo fiscal que deben soportar los contribuyentes está provocando una salida importante de capital humano y económico y, por consiguiente, acaba reduciendo la recaudación por parte de las administraciones con una tributación más elevada».

Los especialistas coinciden en que la fiscalidad madrileña es la más atractiva para el contribuyente, pero etiquetarlo de paraíso fiscal es «exagerado». Recuerdan que, además de la baja tributación, es la falta de transparencia lo que define a dichos territorios, y aquí no ocurre.

El peligro de la asimetría fiscal

Sin embargo, sí ponen el foco sobre los problemas que la asimetría fiscal entre comunidades supone. «Desde el punto de vista de la equidad es difícil comprender estas desigualdades tributarias por el lugar de residencia de los contribuyentes», apunta Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales (Reaf-Regaf) del Consejo General de Economistas, añadiendo que «existe cierto peligro en que las comunidades usen a la baja su capacidad normativa, porque aunque favorece al territorio concreto puede acabar perjudicando al conjunto».

En ello coincide Miguel Vázquez Taín, presidente del Consello Galego de Colexios de Economistas: «La clave no está tanto en si Madrid es un paraíso fiscal, sino en la desigualdad enorme entre comunidades, que está haciendo irracional el sistema». Del Amo y Taín también apuntan una misma solución: introducir ya un cierto grado de armonización fiscal. «No quiere decir que los tributos sean iguales en todas las comunidades, pero sí que se introduzcan unas bandas máximas y mínimas que eviten la disfuncionalidad actual».

Galicia se equipara a las comunidades más ventajosas en el impuesto de sucesiones

La discrecionalidad normativa en materia tributaria tiene un impacto evidente en el bolsillo de los contribuyentes, que se ven beneficiados o perjudicados en función de su lugar de residencia, como muestra el último estudio comparativo del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), correspondiente al 2016 (toma la situación del ejercicio del 2015).

Así, por ejemplo, en el caso del IRPF, un ciudadano soltero, sin hijos y que gane 45.000 euros, verá cómo su factura fiscal será casi 600 euros menor si reside en Madrid que en Cataluña, como muestra el gráfico en el que se ve la brecha tributaria entre las diferentes comunidades.

Las diferencias son más agudas en el impuesto de patrimonio -Madrid es la única que lo bonifica al 100 %- y en el de sucesiones y donaciones, bonificado en un 99 %. Según las simulaciones del Reaf, una herencia de 800.000 euros tendría en la capital una liquidación de apenas 1.600 euros frente a los 164.000 de Andalucía o los más de 162.000 de Asturias.

La comparación del Reaf sitúa a Madrid en casi todos los escenarios como el territorio con la fiscalidad más ventajosa. Curiosamente, Madrid es una comunidad que no cumplió en el 2015 con el objetivo de déficit.

La Xunta, por su parte aprobó el pasado año elevar el mínimo exento de tributación en este impuesto a 400.000 euros, de forma que el 99 % de los gallegos, según estima Facenda, no tendrán que pagar cuando hereden como hijos, padres, abuelos o cónyuges, y el 1 % restante abonará menos. Esta reforma equipara a la comunidad a las más ventajosas en sucesiones.

Esa decisión está teniendo ya sus consecuencias. Galicia es de los pocos territorios que permiten las herencias en vida y el cambio fiscal aprobado el pasado año disparó a cifras récord las solicitudes para aprovechar las ventajas tributarias: casi 24.000 autoliquidaciones en el 2016 frente a las 12.000 de media de años precedentes.

Tras la avalancha está el temor a que en algún momento la Xunta se plantee revocar la medida, en línea con lo que el Ministerio de Hacienda hizo, por ejemplo, en el caso del impuesto de sociedades tras la reforma fiscal. Facenda deja de ingresar unos 70 millones de euros anuales con el cambio, mientras que por el impuesto de patrimonio ingresa unos 60.

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