Tras años de sucesivas reformas energéticas que siempre prometen ser definitivas, los sufridos consumidores domésticos cargamos con resignación con la cuarta factura de la luz más cara de la Unión Europea. Y lo peor es que, como no sabemos realmente por qué es tan cara, nos tememos que el futuro no nos deparará nada mejor.
El problema principal del sector eléctrico es su falta de transparencia. Los más de 33.000 millones anuales que se destinan a pagar los servicios de producción, transporte y comercialización de energía están, en palabras del regulador, «cada vez más alejados de sus costes» y, además, se reparten caprichosamente entre los consumidores.
No sorprende, pues, que la tarifa eléctrica comercial o industrial en España, según Eurostat, esté incluso por debajo de la media comunitaria: pagamos lo que nos dicen que cuesta y, en el reparto, el consumidor doméstico sale perdiendo.
Con estos mimbres llegamos a la nueva facturación por horas. Es fácil comprender que el precio de la electricidad, en un contexto de fuerte penetración de renovables, no puede ser el mismo si hay mucho viento o si, por el contrario, se utiliza mucho carbón para producirla; pero el problema es que el mercado es tan ineficiente que muchas veces es más relevante la estrategia de una de las eléctricas que la diferencia de costes subyacente. De ahí que esta nueva modalidad de facturación no sirva para ahorrar significativamente: nos siguen cobrando lo que quieren, aunque ahora se haga hora a hora.
Algunos habíamos visto en el fulgurante avance de las renovables la vía para romper para siempre con este endiablado sistema: ahora que los paneles son tan baratos, uno puede autoabastecerse, al menos parcialmente, con energía solar y dejar la factura de la luz en un importe residual. Sin subvenciones y sin depender de terceros.
De ahí que el decreto contra el autoconsumo aprobado por el Gobierno sea tan relevante. No hay normativa sobre el particular más restrictiva en el mundo. A las innumerables trabas administrativas que incorpora, hay que añadir la imposibilidad práctica de vender la energía solar que pudiera sobrarte y el famoso impuesto al sol. Esto es, un cargo por la energía que va desde tu tejado hasta tu frigorífico, que el ministro del ramo justifica en supuesta solidaridad, consecuencia de que lo que dejes de pagar en tu factura lo tienen que asumir el resto de consumidores. Pensar que los ingresos de las eléctricas bajen por una revolución tecnológica, sencillamente, ni pasa por sus cabezas.
Para ahorrar en el recibo con esta normativa solo nos queda desconectarnos completamente de la red añadiendo a las placas solares una batería y un grupo electrógeno. Apuesto a que cada vez oiremos hablar más de estos pioneros en cortar los cables en el centro de las ciudades.
La buena noticia es que la revolución renovable es internacional y que en menos de dos meses hay elecciones. Esperemos que el nuevo Gobierno rectifique y encamine al país hacia una transición energética que nos permita disfrutar de energía más barata y más limpia. La actual oposición, al menos, se ha comprometido a ello.