El juez ordena embargar los bienes de Rodrigo Rato, incluida su pensión del FMI

Europa Press

ECONOMÍA

BENITO ORDOÑEZ

El exvicepresidente del Gobierno no presentó los 18 millones de fianza exigidos tras ser imputado por un delito de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales

24 sep 2015 . Actualizado a las 17:14 h.

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha ordenado embargar bienes por un importe de 18 millones de euros al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exministro, Rodrigo Rato, incluida su pensión del organismo multilateral. La decisión de embargar los bienes de Rato se produce después de que el ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia no haya hecho efectiva la fianza que debe abonar al estar imputado por un delito de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales. 

Por otra parte, el juez Serrano-Artal ha tomado declaración este jueves, en calidad de imputado a Domingo Plaza, abogado y socio de Rato. El no se le ha impuesto medida cautelar alguna al término de la diligencia. Domingo Plaza, quien constituyó la sociedad patrimonial Kradonara, cuya titularidad real se atribuye a Rato, es el tercer imputado en este procedimiento después del propio Rodrigo Rato y el empresario y presunto testaferro del exvicepresidente Alberto Portuondo

6,5 millones de origen desconocido

La Fiscalía Anticorrupción destaca en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que una sociedad patrimonial del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato recibió entre los años 2006 y 2014 un total de 6,5 millones de euros procedentes del extranjero «cuyo origen se desconoce».

Así consta en un recurso presentado este jueves por la Fiscalía Anticorrupción en el que reclama que Andreu asuma la investigación sobre el patrimonio de Rato argumentando que el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye se produjo en el extranjero y que, si los juzgados de Madrid asumieran la instrucción, las comisiones rogatorias internacionales que deberán realizarse con otros países «se verán claramente comprometidas y con ello la averiguación de los hechos».

La fiscal Elena Lorente destaca que, de acuerdo con un informe presentado por la Agencia Tributaria el pasado 21 de julio, la sociedad patrimonial de Rato, denominada Kradonara, recibió 6,5 millones de euros en los años 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 y 2014 sin que conste que sus empresas «hayan tributado por las rentas derivadas de estas transferencias». En concreto, la empresa recibió transferencias por valor de 3,04 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la empresa Vivaway Limited, una mercantil propiedad de Rato establecida en Gibraltar que posee el accionariado de Kradonara. En las cuentas de esta última también entraron divisas por valor de 3,4 millones en los años 2006, 2007, 2011 y 2014.

En el 2013 y el 2014 Vivaway Limited recibió 2,5 millones de una sociedad panameña con domicilio en Ginebra (Suiza) denominada Wescastle Corporation, declarada ante Hacienda por Rato, mientras que otra sociedad domiciliada en Bahamas (Red Rose), de la que el expresidente de Bankia era «beneficiario final» aunque ocultó este extremo al fisco, le transfirió 850.446,18 eruos en 2012 y 2013. Además, existen otras dos transferencias de Red Rose a Rato en 2012 por un total de 300.000 euros.

El recurso de Anticorrupción, presentado en primera instancia ante el juez instructor y de forma subsidiaria ante la Sala de lo Penal, órgano jerárquicamente superior al juez Andreu, destaca que el caso es competencia de la Audiencia Nacional porque «todo o parte de los actos de blanqueo» investigados «se han producido en el extranjero», en referencia a la inversión que sus empresas realizaron en la construcción de un hotel el Berlín. «De no asumirse la competencia por el Juzgado Central, la instrucción de este blanqueo de capitales se plantea inviable por cuanto el Juzgado de Madrid no puede instruir un delito cometido, aunque sea en parte, en el extranjero al carecer, a juicio de esta parte, de competencia orgánica y territorial para hacerlo», señala el escrito del Ministerio Fiscal.