«Hasta ahí podíamos llegar»

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría niega que el Gobierno autorizara o desautorizara la detención de Rato. «La ley se aplica para todos», enfatiza


redacción / la voz

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría abundó ayer en la la estrategia del Gobierno respecto al caso Rato, en el que se investiga una supuesta ocultación a Hacienda y el patrimonio real del que fue vicepresidente económico y alto dirigente del PP. «El Gobierno ni autoriza ni desautoriza actuaciones de la Agencia Tributaria, la Fiscalía o los tribunales», afirmó. «Hasta ahí podíamos llegar», enfatizó con cierto enfado para negar que el Ejecutivo haya influido en este caso. «La ley se aplica para todos y los Gobiernos están para hacer que se cumpla, no para tomar decisiones que son injerencias», apuntó.

De la misma manera, negó que fuese el Ejecutivo quien filtrase los nombres de algunos de los que se acogieron a la amnistía fiscal. En este sentido, señaló que todas las personas que tienen acceso a información sujeta al principio de confidencialidad deberían respetarlo y cumplir los procedimientos, aunque es una tarea que no siempre se puede controlar. «Asistimos a filtraciones de este tipo con bastante asiduidad», lamentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Una decisión acertada»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su parte, manifestó su respeto a la decisión de la Audiencia Nacional de rebajar la fianza del caso Bankia de 800 a 34 millones. Y no solo eso, la calificó de «proporcionada y adecuada». Preguntado para que aclarara si fue él quien avisó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del registro en la vivienda del exvicepresidente económico Rodrigo Rato, Catalá señaló que sobre este caso se han conocido «demasiadas opiniones» y que lo que hay que hacer es «dejar trabajar a la Justicia, a la Fiscalía y la Agencia Tributaria»

«Y es lo que vamos a hacer ahora, respetar la independencia y la profesionalidad de los órganos porque esa es la mejor manera de que funcionen las instituciones y el Estado de derecho», concluyó.

Una cifra «ridícula»

Mientras, el portavoz adjunto de UPyD, Andrés Herzog, tachó de «muy negativa» y «ridícula» la cifra de 34 millones a la que ha rebajado la Audiencia Nacional la fianza impuesta a BFA-Bankia y su excúpula. En un comunicado, el abogado autor de la querella que dio origen al caso Bankia considera que la reducción supone, en la práctica, «dejar desprotegidos a la inmensa mayoría de los engañados por la salida a bolsa de la entidad». Así, el letrado señala que el «potencial perjuicio» causado a los accionistas alcanza la cifra de 3.092 millones, equivalente a lo que la entidad colocó en acciones en su debut bursátil de julio del 2011, mientras que la nueva cuantía establecida por la Sala de lo Penal «constituye poco más del 1 % de esa cifra».

«Es una cantidad ridícula que no alcanza ni siquiera para cubrir la responsabilidad frente a los accionistas que se han personado en las últimas semanas», recalcó el número dos de UPyD.

No obstante, subrayó que el hecho de que haya mantenido una medida cautelar para BFA-Bankia, su expresidente Rodrigo Rato, y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdú y José Luis Olivas «supone un respaldo a la existencia de indicios delictivos» en su actuación. Para Herzog, la decisión de la Audiencia Nacional constituye «un paso más hacia la apertura de la fase del juicio oral y la eventual condena de todos los responsables del saqueo de Bankia».

«Una vergüenza»

Otra de las acusaciones, la plataforma, 15mPaRato, calificó de «vergüenza» la reducción de la fianza cuando, según sus cálculos, la «estafa de la salida a bolsa es como mínimo de 2.000 millones de euros».

Por su parte, el presidente de Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades, que representa a unos 300 accionistas en nombre de la asociación Española de Accionistas de Empresas Cotizadas (Aemec) aseguró que la decisión de los magistrados es un «anticipo» de lo que será una sentencia condenatoria, y afirmó que dará pie a otros accionistas a personarse e ir pidiendo sucesivas ampliaciones de la cuantía de la fianza.

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