Comodidad y ahorro son las grandes ventajas de los trámites electrónicos, pero la exclusión de la población sin formación digital aún está presente
22 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.«La Administración del futuro será digital o simplemente no será». Así se manifestaba recientemente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un acto sobre la reforma de las Administraciones públicas y en el que, además de alabar el avance de las nuevas tecnológicas, cifró en 20.000 millones de euros el ahorro que su «uso generalizado» ha supuesto para el país.
Y es que realizar trámites por Internet en lugar de acudir a la tradicional ventanilla es, no solo cada vez más común, sino incluso obligatorio en muchos casos. Por ejemplo, desde el pasado 15 de enero las facturas dirigidas a las Administraciones públicas deben ser electrónicas, lo que ha supuesto -y aún continúa haciéndolo- más de un quebradero de cabeza. Adiós al papel, pese a que el sistema, al menos, de momento, no siempre funciona todo lo bien que el usuario espera.
España ha subido del décimo quinto al quinto puesto en el ránking europeo que elabora Naciones Unidas sobre la extensión de la administración electrónica, pues casi todos (el 95,7 %) los trámites que realizaron en el 2014 las empresas y el 65 % de los ciudadanos fueron telemáticos.
En el caso de Galicia, la sede electrónica de la Xunta permite llevar a cabo hasta 790 gestiones con la Administración, lo que se traduce en prácticamente el 50 % de los procedimientos. Las cifras oficiales reflejan que durante el pasado año el registro telemático de la Xunta contabilizó unos 300.000 trámites de todo tipo y más de 36.300 ciudadanos y empresas evitaron tener que desplazarse a una oficina de la Administración autonómica para, por ejemplo, solicitar una ayuda, un certificado, una plaza en un centro infantil o simplemente inscribirse en una prueba académica.
Pero, en una comunidad con una población dispersa y envejecida lo que las nuevas tecnologías tienen de avance en la rapidez y la comodidad podría suponer también un obstáculo, e incluso una posible exclusión, para quienes no tienen formación digital o acceso a ella.
¿Riesgo de descuelgue digital?
Desde la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) minimizan tal riesgo en su doble vertiente técnica y de alfabetización digital. Además, insisten en que aunque el objetivo final es que todos los trámites acaben realizándose a través de la sede electrónica, no hay posible exclusión porque la ley ya establece que los procedimientos que se realizan de forma «exclusivamente electrónica» se dirijan solo a quienes -como empresas- tengan medios y capacitación. Así, de las 790 gestiones que se pueden realizar vía temática, solo 91 (el 12 %) son de tramitación exclusivamente digital.
En lo que respecta a las condiciones técnicas, Amtega destaca que el plan de banda ancha de la Xunta, que arrancó en el 2010, posibilitó que toda la población tenga acceso a una red de calidad. Subrayan que el porcentaje de gallegos que pueden contratar servicio de Internet ha pasado del 71 a más del 98 % en la actualidad a través de redes fijas y sin hilos, y el 2 % restante por satélite. Además, la brecha digital entre el interior y el eje atlántico se ha reducido del 20 al 1 %.
Alfabetización tecnológica
Tampoco el frente de la exclusión por falta de formación en nuevas tecnologías es preocupante, según fuentes de Amtega. Alaban el alcance de la Rede CeMIT, integrada por 98 aulas públicas de acceso gratuito y distribuidas en 92 concellos y 53 comarcas.
En ellas se realizan múltiples actividades, entre las que destacan los cursos de alfabetización digital precisamente para los colectivos afectados por la brecha tecnológica. A finales del 2014 la red de aulas tenía 42.467 usuarios. El perfil de quienes utilizan este servicio es de una mujer (57 %) con una edad comprendida entre los 41 y los 65 años (41 % del total) y con conocimientos informáticos básicos (35 %).
Los gallegos son los que más usan los servicios telemáticos
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística sitúan a Galicia como la primera comunidad por número de usuarios que emplean Internet para obtener información de la Administración. También se coloca la medalla de plata por descarga de formularios, solo superada por Madrid, mientras que es la tercera si lo que se contabiliza es el envío de documentos cumplimentados. Desde la Xunta subrayan que Galicia escaló cuatro puestos en dicho ránking en el 2014.
Las estadísticas indican que se ha incrementado el uso de las nuevas tecnologías y que es la comunidad en la que más han crecido las conexiones de banda ancha en los últimos cuatro años: el 23 % frente al 16,9 % del promedio nacional.
La realidad de la E-factura
«La sociedad española ha cambiado, hablamos por fin de una sociedad digital», aseguraba Rajoy días atrás, al tiempo que abogaba por un futuro cercano de administración electrónica con «cero papel». La obligación de usar E-factura ya es una realidad para los proveedores de las Administraciones públicas. Y, rebasados los dos meses de su implantación, las quejas de fallos técnicos aún son muy numerosas. «Esperamos que se vayan resolviendo porque, en caso contrario, pasaría de ser entendible a preocupante», explica Alberto Redondo, director de márketing para la península Ibérica y Latinoamérica de Seres, una de las principales operadoras de E-facturas. Destaca que, con más de 130.000 facturas electrónicas con la Administración pública -último dato disponible-, Madrid y Barcelona concentran el 84 % de las emisiones y que la gestión remota es de gran valor en poblaciones dispersas. Pese a ello, en Galicia «se redujo algo» su emisión el pasado año.