El Supremo restituye la vigencia de los convenios aunque hayan vencido

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Báñez dialogando con Montoro en el Congreso.
Báñez dialogando con Montoro en el Congreso. e. naranjo < / span>efe< / span>

Primer varapalo judicial a la reforma laboral al reponer la ultraactividad

20 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Supremo ha colocado una carga de profundidad en el corazón de la reforma laboral al tumbar uno de sus puntos más polémicos y restituir la ultraactividad de los convenios colectivos. Es decir, que estos continuarán en vigor aunque hayan caducado y también haya expirado el plazo de doce meses para pactar un nuevo texto entre empresa y trabajadores. Antes de la entrada en vigor de la reforma del 2012, dicha ultraactividad era indefinida, y los convenios se prorrogaban automáticamente hasta que se suscribiese uno nuevo. Es un golpe del Supremo a una de las medidas más contestadas de la reforma del PP.

La restitución de la ultraactividad es el primer pronunciamiento que sobre esta cuestión ha hecho el pleno de la Sala de lo Social del alto tribunal, al fallar en contra de la decisión de la empresa balear Atese que, al haber transcurrido un año de vigencia de la prórroga del convenio, y según lo previsto en la reforma laboral del 2012, no haberse suscrito uno nuevo, comunicó a los trabajadores que dejaba de ser aplicable el antiguo marco de relaciones laborales y que se les aplicaría el Estatuto de los Trabajadores, ya que no existía convenio sectorial.

Así, el 7 de julio del 2013, fecha en la que, en aplicación de la reforma laboral, decaían los convenios no renovados un año antes, marca el arranque del caso de Atese. La empresa aplicó dos fórmulas de cálculo para abonar la nómina de ese mes de julio: hasta el 7 según el convenio y a partir de esa fecha con arreglo al Estatuto de los Trabajadores, con una cuantía inferior.

La Unión Sindical Obrera llevó a los tribunales tal práctica -posteriormente se adhirieron el resto de sindicatos- y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares declaró la decisión de la empresa no ajustada a derecho. La empresa recurrió ante el Supremo, y su Sala de lo Social ratificó la sentencia.

El alto tribunal entiende que aunque el convenio decaiga al agotar el año de prórroga sin firmarse otro, los derechos colectivos laborales pactados pasan a ser individuales. Todo ello «sin perjuicio de que continúe la obligación de negociar un nuevo convenio», explica el fallo.

Práctica muy limitada

Laboralistas consultados, como el vigués Fabián Valero, indicaron que el fallo abre la puerta para que casos concretos reclamen en los tribunales las condiciones perdidas por la caída de un convenio, amparados por la doctrina del Supremo. Fuentes sindicales en Galicia aseguraban, no obstante, que el impacto que ese punto de la reforma ha tenido en las empresas de la comunidad ha sido «prácticamente inexistente». «Al final se han negociado otro tipo de condiciones, como bajadas de salario, antes que perder el convenio propio, como permitía la reforma», según esas fuentes.

Las reacciones a la sentencia conocida ayer se multiplicaron. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, evitó valorarla y se limitó a defender la reforma laboral, que «está funcionando», y esgrimió para ello que cuando se aprobó el paro crecía al 12,5 % y ahora desciende por encima del 6 %.

Los sindicatos alabaron la decisión del Supremo. «Garantiza los derechos de los trabajadores pese a la caducidad de los convenios y las limitaciones que promueve la reforma laboral», señaló la secretaria de Acción Sindical de USO, Sara García de las Heras. Su homólogo en CC.OO., Ramón Górriz insistió en que «es importante evitar la individualización de las relaciones laboral, que reconoce el Supremo, y mantener los convenios colectivos».

UGT lo calificó de «varapalo» y sostiene que va a posibilitar que «se imponga el deber de negociar frente a las posiciones de las patronales, que pretenden aplicar un vacío en las condiciones de trabajo pactadas». Desde el PSOE subrayaron que la sentencia «echa por tierra» un pilar central de la reforma laboral, que consideran que «hay que derogar».