La fiscalía busca replicar el caso Penedés: quiere que se declaren culpables y que devuelvan el dinero

Quiere que Gayoso, Pego y los otros procesados se declaren culpables y que devuelvan el dinero


redacción / la voz

Han pasado ya prácticamente tres años desde que la Fiscalía Especial contra la Corrupción comenzó la investigación sobre las indemnizaciones millonarias recibidas por directivos de las cajas gallegas. Ayer emitió su informe previo a un juicio que, según fuentes próximas al proceso judicial, es probable que se lleve a cabo en el primer trimestre del año que viene. Eso sí, podría ocurrir que, políticamente, interese adelantarlo.

¿Cuál es el argumento central del informe fiscal?

Las fiscalas entienden que los seis acusados pactaron una trama para lograr unas indemnizaciones millonarias a costa de una entidad quebrada, cuya tabla de salvación fueron varias inyecciones de dinero público. En el juicio, la fiscalía expondrá y tiene que demostrar los hechos de los que acusa a Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Oscar Rodríguez Estrada, Javier García de Paredes y Ricardo Pradas. Considera que el primero y el último son cooperadores necesarios. El resto, beneficiarios.

¿De qué los acusa?

Aunque su argumentación gira siempre sobre el mismo eje, las fiscalas han ido cambiando su parecer a lo largo de la investigación. En el informe hecho público ayer -lo resuelven en 9 folios- detallan tres delitos: apropiación indebida, administración desleal y estafa. Es precisamente este último el que había sido eliminado en un documento anterior.

¿Tienen todos los acusados el mismo papel, según la Fiscalía?

No. Por un lado están Fernández Gayoso y el abogado Pradas, como cooperadores necesarios; por otro están José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Rodríguez Estrada. Estos, dicen las fiscales, con la ayuda del entonces presidente de Caixanova cambiaron su contrato «para obtener un claro beneficio patrimonial». Los tres se van de la entidad pocos días antes de que se convierta en banco, por desistimiento propio y les abona la liquidación Novacaixagalicia, entonces presidida por Gayoso. En otro escalón se encuentra Javier García de Paredes, procedente de Caixa Galicia, con quien José Luis Pego firmó un contrato de alta dirección «en las mismas condiciones que los directivos de Caixanova». Paredes se queda en la entidad y su liquidación la firma el nuevo presidente José María Castellano, tras un desencuentro que tuvo con César González-Bueno, el nuevo consejero delegado. Es en este punto en el que la trama rompe su encaje, ya que Castellano y González-Bueno son ejecutivos independientes y no forman parte de ella.

¿Cuáles serán las posturas que presentarán las defensas?

Las fiscalas argumentan que los contratos se firmaron y se modificaron a escondidas de los consejos de administración y del Banco de España. Sin embargo, en varios momentos de la instrucción, el propio Banco de España dejó constancia de que conocía los contratos, de que los mandó provisionar e incluso llegó a decir que era «difícil sostener que se podía haber dejado de abonar a los directivos en cuestión las cantidades pactadas para el caso de prejubilación». También hay documentación presentada en la causa como informes, actas e incluso declaraciones que revelan que el consejo sí tenía constancia de los contratos.

¿Ha habido ya algún juicio similar al de las cajas gallegas?

Sí, el de Caixa Penedés. La fiscalía también pidió una pena de tres años, pero, tras un pacto, los directivos de la entidad se declararon culpables, lograron una rebaja de la condena, eludieron la cárcel y fueron obligados a devolver 28,6 de 30,6 millones. Fuentes jurídicas entienden que, en el caso de Novacaixagalicia la fiscalía busca un pacto similar: admisión de la culpa y devolución del dinero.

¿Por qué puede interesar adelantar el juicio?

Se calcula que se celebrará en el primer trimestre del 2015. Sin embargo políticamente interesa adelantarlo para que la opinión pública entienda que ya se está haciendo pagar sus culpas a los responsables de la crisis.

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