El primer ministro abrió la caja de los truenos un día después de que el Constitucional le tumbase su ley para facilitar el despido de trabajadores públicos
01 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.«Si en los próximos meses no somos capaces de mostrar a nuestros acreedores que la reforma del Estado nos permite reducir los gastos de manera duradera, puede que no estemos en condiciones de continuar nuestro camino sin más financiación, sin un segundo programa que garantice al país los medios que necesita», sentenció el viernes el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, un día después de que el Tribunal Constitucional le tumbase su ley para facilitar el despido de trabajadores en el sector público. Y abrió la caja de los truenos.
Ayer, su ministro de Desarrollo Regional y adjunto a la Presidencia, Miguel Poiares Maduro, hurgó en esa misma herida, al insinuar que hay circunstancias que el Gobierno «no puede controlar» para evitar un segundo rescate. «El espacio de la acción política está limitado y condicionado o por la vía europea, por ejemplo, o por otros poderes, como el judicial, que determina lo que es o no posible políticamente», manifestó Poiares, quien, no obstante, garantizó que el Ejecutivo hace todo lo posible para que el Estado no precise otra vez de la ayuda de sus socios europeos. «Claro que hay circunstancias que el Gobierno no controla», matizó.
El revés judicial del jueves, el segundo este año después de que el Constitucional anulase en abril una batería de medidas de austeridad con las que se pretendían ahorrar 1.300 millones de euros, impide la entrada en vigor de una nueva ley que habría supuesto, según los cálculos del Gabinete de Passos Coelho, un recorte de gastos de 900 millones de euros en tres años, hasta el 2015., informa Efe. En cualquier caso, el Gobierno ya ha anunciado que estudia medidas alternativas.
Críticas de la oposición
Por su parte, el líder del principal partido de la oposición, el socialista António José Seguro, consideró que son «la incompetencia» y las «políticas equivocadas» del Ejecutivo las que pueden llevar a Portugal a un nuevo rescate -después del solicitado en mayo del 2011 por valor de 78.000 millones- y no las decisiones del alto tribunal Seguro rechazó de plano «más recortes» en las funciones sociales del Estado.