Desde que se incoó el procedimiento contra el régimen fiscal aplicado a la construcción naval y el transporte marítimo, Aclunaga ha venido defendiendo de forma rotunda su legalidad.
Hay que recordar que no se trata de un régimen de ayudas o subvenciones, sino de la aplicación de normas estatales e internacionales que han sido aprobadas en los respectivos parlamentos y que responden a la legítima capacidad que tienen los Estados para ordenar su actividad económica e industrial. En concreto, por ejemplo, el impuesto sobre el tonelaje, validado por la Unión Europea, permite incentivar a las empresas de transporte marítimo para garantizar una flota de bandera comunitaria.
Por otra parte, los incentivos fiscales para atraer grandes inversiones también han sido y son ampliamente utilizados en el seno de la Unión Europea. Nuestro sector, que fabrica bienes de inmenso valor (en muchos casos de cientos de millones de euros), necesita de la concurrencia de inversores que faciliten financiación a corto plazo a una industria que asume proyectos de escaso riesgo técnico, pero que exigen movilizar recursos económicos muy superiores a sus fondos propios. Por ello, todos los países comunitarios -y, por supuesto, los extracomunitarios- incentivan fiscalmente la ejecución de este tipo de proyectos industriales. Ya sea a través de la atracción de inversores particulares, ya sea a través de la formación de agrupaciones de interés económico.
Incluso en estos momentos, en el seno de la Unión Europea, a través del proceso Leadership 2020, se está proponiendo la creación de un fondo de financiación con recursos públicos y privados para facilitar el acceso a la financiación de proyectos industriales marítimos (incluyendo también la construcción de buques).
Ni en nuestras peores pesadillas se barajaba la retroactividad de la resolución que recayera sobre nuestro sistema fiscal. Podríamos esperar ligeras modificaciones al antiguo sistema (tal y como se ha hecho para dar carta de naturaleza al nuevo tax lease) pero nunca una revisión de las estructuras financieras del pasado, todas ellas realizadas con luz y taquígrafo, aprobadas una a una por la Agencia Tributaria y con la buena fe de astilleros, armadores e inversores.
Además de los antecedentes de casos similares en los que no se ha exigido ningún tipo de devolución de los incentivos fiscales y de los argumentos jurídicos que son ampliamente conocidos, queremos desde Aclunaga poner de manifiesto que cualquier tipo de exigencia de devolución a los inversores y armadores, además de ser absolutamente injusta, precipitaría la desaparición de nuestro sector sin ningún tipo de dudas. En los últimos días hemos recibido decenas de comunicaciones de nuestros clientes informándonos de que nunca volverían a construir buques en España. Y qué decir del acceso a la financiación? La decisión de la Comisión Europea sería absolutamente desproporcionada. Una revisión de un régimen fiscal no puede condenar a muerte a un sector que genera 87.000 puestos de trabajo.
La industria naval nacional ya ha pagado una suerte de condena de banquillo al no poder contratar durante dos años. ¿Qué otro castigo se nos puede imponer?
Estamos convencidos de que el impacto que ha tenido el anuncio de una posible devolución hará valorar a la Comisión las desproporcionadas consecuencias de la resolución y de que un análisis detallado arroje nuevos argumentos jurídicos y afiance los ya esgrimidos.
Nuestra industria necesita recuperar la actividad inmediatamente. No resistiremos más incertidumbre.