en la sede de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) no hay respiro. A la entrada, en un amplio panel están las hojas de información con más de diez grupos, con las listas de afectados repartidos por horas. Desde las nueve de la mañana hasta casi las diez de la noche, en distintos despachos del recinto, se celebran los laudos de ciudadanos atrapados en subordinadas y preferentes. Y allí llega cada uno, muy temprano, a buscar su turno. El grueso son ahorradores con menos de diez mil euros invertidos. La Xunta, a través del Instituto Galego de Consumo (IGC), ha reforzado el número de árbitros y cada día se resuelven cientos de casos. Uno de ellos es Benito Gómez, de Celanova (Ourense), que ya es la segunda vez que pasa por la EGAP. Primero resolvió un caso de preferentes, con el que recuperó 10.400 euros; y ahora está pendiente de hacerlo con unas subordinadas. «En este segundo caso estoy pendiente de que me devuelvan 9.600», puntualiza Benito. «A mí me metieron el dinero en estos productos y no sabía lo que estaba comprando; cuando estalló todo este escándalo fui a la caja a preguntar si tenía preferentes y me dijeron que no y un tiempo después, cuando quise sacar el dinero no me dejaron. Fue terrible», recuerda Benito apesadumbrado. A su lado está un compañero suyo de Celanova, Julio Medela, que ha sufrido un caso similar. «Yo tenía 10.000 en preferentes, y también me los devolvieron, y ahora estoy con las subordinadas; en este segundo caso tengo varios productos que afecta a mi suegra, mi suegro y mi hija», precisa. Está a punto de entrar al laudo.
Una gran parte de los afectados provienen del sur de Galicia. Y son pequeños ahorradores. Recuperan casi todo su dinero, menos los intereses. Y salen satisfechos. Pero con cara de estar agotados.