La flota recela de que sean la Eurocámara y la Comisión los que deban conceder las excepciones para desechar pescado
02 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El sector pesquero gallego está a las puertas de una revolución histórica. El acuerdo tripartito para dibujar la Europa Azul de los próximos diez años -decidida por primera vez por el proceso de codecisión (Consejo, Comisión y Parlamento)- aboca a los profesionales a dar el salto hacia una pesca sin descartes, en la que tendrán que traer a tierra todas aquellas especies reguladas que caigan en sus aparejos. Así, un salto sin red. Mejor dicho, con una red incapaz todavía de distinguir qué especie puede atrapar o no según la cuota de que disponga el barco. Porque, eso sí, los totales admisibles de captura (TAC) repartidos entre los Veintisiete en base al principio de estabilidad relativa seguirán en pie.
Cierto que no se ha conseguido el descarte cero absoluto que perseguían los conservacionistas más radicales. Los Estados han conseguido colar unos mínimos (en adelante mínimis), un porcentaje de capturas que sí se podrán desechar. Al principio esa proporción será del 7 %, para, dos años después, rebajarse al 5 %.
Ya antes de que concluyesen los trílogos, las asociaciones pesqueras advirtieron de que esa flexibilidad era insuficiente. Aún con los mínimis y con las opciones que se ofrecen de descontar especies para las que no se dispone de cuota contra aquellas de las que sí se tienen (el 9 %), la flota que se dedica a pesquerías mixtas, como los arrastreros de Gran Sol e, incluso, los de litoral lo tendrán difícil para llegar con posibilidades de captura a final de año.
Y lo peor de todo es que esos mínimis no son automáticos. Porque el descarte cero será la norma y el 5 % la excepción. Aunque los profesionales se muestran cautos porque «no han contado todavía la letra pequeña» de la reforma y esas cláusulas que traen los documentos de Bruselas pueden «ser tan nocivas como la de los preferentistas» -señalan fuentes del sector-, no ocultan su inquietud por el hecho de que habrá que obtener una autorización para descartar. Y esa patente de corso para violar el descarte cero la tendrá que lacrar la Comisión Europea, después de evaluar si está probado que eliminar los descartes causa un daño económico o social extremo a la comunidad pesquera. Eso es, al menos, lo que avanzó el jueves Ulrike Rodust, la eurodiputada alemana que redactó el informe sobre la política común de pesca, en el que abogaba por una prohibición absoluta de los descartes.
Otra cuestión que les pone «los pelos de punta» es esa cesión de competencias -que migra de los Estados miembros hacia la Comisión Europea- de analizar si la capacidad de la flota pesquera de un país es la adecuada para los recursos existentes en sus caladeros habituales. «No nos gusta nada que esté en manos de Bruselas la potestad de adaptar la capacidad de pesca a las posibilidades de capturas», explican desde la Cooperativa de Armadores de Vigo.
Los profesionales sostienen que la nueva política está condenada al fracaso por incoherente. Porque se fija un objetivo como es alcanzar el descarte cero sin eliminar lo que los está provocando: el sistema de TAC (totales admisibles de capturas) y cuotas y su clave de reparto, el denominado principio de estabilidad relativa, que otorga más cuota a las comunidades altamente dependientes de la pesca. Claro que esas zonas se seleccionaron en 1973, cuando la Unión Europea estaba formada por 9 países. Hoy, el mapa sigue siendo el mismo, cuando en el club hay 27 miembros. El sector defiende cambiar el modelo de gestión hacia un sistema de control del esfuerzo pesquero o la introducción de cuotas individuales transferibles (ITQ) para paliar la falta de cupo.