El juez Ruz instruirá la querella de los pequeños accionistas
19 abr 2013 . Actualizado a las 11:58 h.El enorme problema financiero de Pescanova sigue generando acusaciones cruzadas en el seno del consejo de administración, con la gestión de su presidente, Manuel Fernández de Sousa, como arma arrojadiza. Si el miércoles fuentes del grupo Damm (segundo accionista de la multinacional pesquera) alertaba sobre las ventas que el presidente estaba realizando en Latinoamérica a espaldas del consejo, y se preguntaba adónde iba el dinero que se había obtenido, ayer era la compañía -a través de un escueto comunicado- la que negaba «rotundamente» estar vendiendo filiales, aunque fuentes oficiales admitían la desinversión en dos granjas de langostinos en Ecuador, propiedad de su filial Promarisco, cuya propiedad mantiene.
«Las informaciones referidas a la venta de Promarisco no son ciertas», sostiene Pescanova. Pero sí la venta de dos granjas de las nueve que la filial tenía en el país. «Estaban demasiado próximas a la ciudad de Guayaquil y no eran estratégicas para la compañía», explican las fuentes, para añadir que los 14 millones de euros que obtuvieron por la operación -las vendieron a un operador local- se reinvirtieron «en Promarisco, para mejorar la producción de las otras siete plantas, de 4.000 hectáreas de superficie, y atender a necesidades financieras».
Insisten en que tales operaciones «entran dentro del día a día de cualquier empresa» y que el consejo de administración no autoriza uno a uno los movimientos que se realizan, con lo que salen al paso de las críticas de Damm.
Otro aspecto que desmienten son las informaciones en las que se apunta a que el auditor, la firma BDO, habría encontrado múltiples irregularidades -facturas falsas o sin justificar- en Pesca Chile, sobre la que el banco HSBC ha solicitado el concurso forzoso de acreedores. Sin embargo, en el informe previo de auditoría, de tres páginas, realizado para BDO desde Santiago de Chile y fechado el 6 de febrero pasado, no se advierte de irregularidad alguna.
En la Audiencia
En el frente judicial que un primer grupo de accionistas minoritarios ha abierto ya, ayer se amplió la querella presentada la pasada semana en la Audiencia Nacional contra el consejo de administración de Pescanova, la auditora, la CNMV y aquellos que vendieron acciones previo anuncio del preconcurso (el consejero Paz Andrade y el Sabadell), usando presuntamente información privilegiada. Por el mismo delito se amplió la denuncia específicamente al presidente, Fernández de Sousa, tras conocerse que también vendió la mitad de sus títulos.
El letrado del caso, Joaquín Yvancos, confirmó que será el juez Pablo Ruz quien instruya, pues la querella ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ayer remitió los autos a la Fiscalía.
En lo que respecta a los trabajadores -informa desde Vigo Soledad Antón-, sus representantes ya no están interesados en hablar con Fernández de Sousa, puesto que en un mes la gestión estará en manos de administradores concursales. Así lo entiende Francisco Vilar, portavoz de CC.?OO., sindicato mayoritario en la compañía, que pide «celeridad» al juez para que el deterioro de la imagen y los activos de la compañía no sea irreversible, en lo que coincide el presidente del comité de la matriz del grupo, Francisco Puga.