Una maniobra de manual. Tres comisiones para retrasar el anuncio de lo que, desde hace meses, era algo más que un presagio. Navantia no tiene intención de construir en Ferrol el dique flotante, una infraestructura que se demanda desde hace años y que en estos momentos de sequía absoluta de pedidos y trabajo es, además, una tabla de salvación. ¿A quién debe culparse de esta nueva vuelta de tuerca en el garrote vil que desde hace tres décadas se aplica de forma lenta pero sistemática a una de las comarcas más castigadas de Galicia?
La Unión Europea, en cuyas manos pusimos ya en los ochenta el manejo de nuestra joya industrial, puede cargar ahora también con esta culpa. Pero el asunto tiene, al menos, dos tachas. Primera: una vez que se vio que las pegas técnicas y económicas no eran fáciles de justificar se empezó a armar el pretexto de la prohibición de Europa. Segunda: quien ahora gobierna y eligió directivos para la empresa pública comprometió su palabra de que construiría el dique. Lo hizo con ahínco, sobre todo, en la víspera del desalojo de Zapatero. De modo que, al margen de buscar responsabilidades en quienes dejaron languidecer el sector sin un solo pedido desde el 2006, el partido que sustenta a estos gobiernos del PP -desde Rajoy hasta Feijoo, pasando por el alcalde de Ferrol, a quien no deberían dejar solo en esta batalla- están obligados con la construcción del dique flotante en Ferrol.
Es su responsabilidad buscar el camino para que la SEPI y Navantia no puedan escudarse en la normativa comunitaria. Están obligados a actuar porque, como ellos mismos sostuvieron, la construcción del dique es sobre todo una decisión política. El alcalde se mostró ayer decepcionado con Navantia, y es comprensible por el empeño que ha puesto. Pero las proclamas de que no se dará por bueno un no al dique deben pasar del terreno de la retórica al de la acción. Porque al presidente de ese organismo lo nombró el Gobierno. Lo contrario es dejar morir por asfixia a un sector esencial para Galicia.