La presión social contra los desahucios comienza a dar sus frutos. Y ha logrado lo que parecía imposible hace poco: que responsables políticos se pongan manos a la obra y busquen fórmulas para aliviar la dramática situación por la que atraviesan miles de hipotecados sobre los que pesan órdenes de desahucio. Ayer mismo, y en vísperas de la reunión que mantendrán hoy en Madrid representantes del Gobierno y del PSOE para discutir medidas para frenar los desalojos, el alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias, anunció en un comunicado que cancelará todas las cuentas del Concello con bancos que ejecuten desahucios contra vecinos del municipio. Iglesias señaló también que remitirá cartas a todas las entidades afectadas para comunicarles su decisión.
Con esta medida, dice Iglesias, el Ayuntamiento pretende ayudar, en la medida de sus posibilidades, a todas aquellas personas que debido a la crisis se ven abocadas a vivir en la calle por no poder pagar la vivienda en la que residen. El alcalde aresano hizo también un llamamiento a los otros regidores para que hagan lo mismo en sus respectivos concellos.
Hoy, los expertos del Gobierno y del PSOE llegarán a la mesa de negociación con recetas diferentes para paliar el problema. El Ejecutivo sostiene que el margen para las reformas legales es estrecho so pena de generar una crisis en el sistema bancario.
Con todo, en la Moncloa se comparte la preocupación y la urgencia de dar una solución. Con ese espíritu, dicen en el PP, acudirá hoy la comisión de expertos gubernamentales la reunión. Rajoy adelantó el sábado que el Gobierno propondrá la paralización de los procesos de expulsión de las familias más desprotegidas, así como la ampliación del colectivo al que se aplica el Código de Buenas Prácticas bancarias y que establece que en condiciones de muy alta precariedad económica no cabe proceder al desahucio.
La propuesta que maneja el Gobierno no implica la generalización de la dación en pago, entrega de la vivienda para cancelar la deuda, porque no sería viable si la familia no tiene otro lugar donde vivir, según recordó el viernes el portavoz de Economía del PP, Vicente-Martínez Pujalte. El Ejecutivo es más partidario de extender la fórmula de alquiler social en la misma vivienda y de la ampliación de los períodos de carencia de la hipoteca para los deudores imposibilitados de pagar las cuotas. Todo ello, de entrada, no supondría más que unos retoques legales de rápida puesta en práctica.
La propuesta socialista
El PSOE afirma que quiere ir más allá y se aferra a la proposición de ley que registró en el Congreso, y que implicaría una notable reforma del mercado hipotecario. La iniciativa modifica cinco leyes, la hipotecaria, la de enjuiciamiento civil, la de regulación del mercado hipotecario, la de disciplina e intervención de las entidades de crédito y la de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. Los socialistas aseguran que estos cambios legales no tienen por qué alargarse en el tiempo porque con un decreto ley o un proyecto de ley tramitado por la vía de urgencia pueden estar en vigor a corto plazo. Hasta entonces, defienden, se deberían congelar los desalojos de las primeras viviendas.