Denunciará a la española por el manejo de caja y daños al medio ambiente
20 may 2012 . Actualizado a las 06:56 h.Repsol ha formalizado ya su demanda ante el Gobierno argentino por la expropiación del 51 % de sus acciones en la petrolera YPF, en una carta dirigida a la presidenta Cristina Fernández en la que anuncia que llevará el caso a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, en Washington. Reclamará 10.500 millones de dólares (unos 8.227 millones de euros). Pero, mientras tanto, Buenos Aires prepara su propia estrategia para pagar a Repsol lo menos posible. «Si fuera posible, ni un solo dólar», según aseguró un funcionario del Gobierno conocedor del caso.
Los hombres a los que la presidenta ha encargado el plan son precisamente quienes intervinieron la compañía el día de la expropiación. Los mismos que ejecutaron la expulsión de los directivos españoles hasta las mismas puertas de la sede de YPF en la capital: el ministro de Planificación, Julio de Vido, y su secretario de Política Económica, Axel Kicillof.
Ambos supervisan ahora los últimos detalles de un informe para presentar argumentos que justifiquen la expropiación y demuestren que la gestión de Repsol fue pésima.
El documento girará en torno a dos ejes. Por un lado, el Estado denunciará a la firma española y a la anterior dirección de YPF -en manos de Petersen Energía, de la familia Eskenazi- por el manejo de la caja de la empresa. Es decir, de los ingresos corrientes por la venta de petróleo, gas y derivados. Por otro, se aportarán detalles de los daños ambientales en que incurrió la petrolera y que aún permanecen sin remediar.
Para ello, los gobernadores de las provincias petroleras han recibido instrucciones para realizar un «relevamiento exhaustivo» de los yacimientos de YPF en sus distritos, evaluando instalaciones de superficie y pozos abandonados.
Maximizar ganancias
Desde el kirchnerismo advierten de que se trata de demostrar la tesis de que, en su afán de maximizar las ganancias de la empresa, Repsol habría desatendido el cuidado del medio ambiente y no habría remediado como debería los daños causados por su actividad.
El Gobierno de la provincia de Chubut, que dirige Martín Buzzi, opositor convertido al kirchnerismo, ya trabaja en un peritaje de los pozos abandonados. También las provincias de Neuquén y Santa Cruz están evaluando esas instalaciones. «Ya se detectaron más de 600 puntos que no cumplen con los parámetros ambientales de la legislación argentina ni internacional. Es una cifra altísima», precisa otro funcionario vinculado al gobernador de Chubut.