Que el principal problema de desconfianza internacional en la economía española se llama Bankia es un secreto a voces desde hace tiempo. Por su elevada dimensión, sus compromisos con el ladrillo (su cartera de problemático cobro supera los 31.800 millones de euros) y su gestión politizada en el peor sentido, esta entidad incorpora un enorme grado de riesgo sistémico: la posibilidad de un accidente suyo afectaría gravemente a todo el sistema.
Para atajar el problema parece que el Gobierno se decide a hacer lo que tanto ha negado: inyectar una importante cantidad de fondos públicos para su capitalización, en forma de bonos convertibles contingentes; a lo que habría que añadir el coste de la transferencia de activos problemáticos al banco malo en proceso de creación. O sea, que cuatro años después de que lo hicieran otros Estados, aquí va a haber que salvar con recursos públicos -que se niegan para el mantenimiento de servicios básicos- a un gran banco. Se trata de un factor de deslegitimación muy fuerte que es seguro que enturbiará aún más el ambiente social. Y más todavía si estas ayudas no incorporaran garantías reales de recuperación -cosa probable- o fuesen discriminatorias frente a otras entidades.
La figura de Rodrigo Rato era ahora mismo un estorbo. Porque hacía demasiado visible que Bankia no es más que el resultado de una lucha de poder, librada por un partido que se empeñó en una fusión económicamente suicida.