El Gobierno confía en recaudar 2.500 millones, pero los expertos creen que el 10 % es un gravamen alto para hacer aflorar el dinero negro
16 abr 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Extraordinaria, excepcional y, sobre todo, temporal. Son los calificativos más repetidos por el Gobierno para calificar la polémica amnistía fiscal aprobada el 30 de marzo, con la que pretende recuperar 2.500 millones de euros para las arcas del Estado. Para unos es un mal menor. Para otros, una injusticia. Pragmatismo ante la crítica situación económica, o desesperación para cumplir con las exigencias de la UE. Para el Ejecutivo el objetivo está claro: aumentar la recaudación y cuadrar los Presupuestos para cumplir con el déficit del 5,3 %. Pero la impopular medida genera dudas sobre su eficacia, legalidad y moralidad. Una iniciativa con peligrosas aristas y más incertidumbres que certezas.
el plan
La hoja de ruta. El plan del Gobierno consiste en aflorar 25.000 millones en dinero negro, escondido dentro y fuera de las fronteras. Propone que los evasores regularicen sus rentas abonando un 10 % de la cantidad defraudada. Las empresas tendrán que pagar un 8 % por repatriar sus dividendos depositados en paraísos fiscales, medida que de tener éxito debería reportar otros 9.300 millones. Todo sin ningún tipo de coste penal. Quienes quieran acogerse a la amnistía tendrán que solicitarlo antes del 30 de noviembre.
paraísos fiscales
El 13 % del PIB mundial. La OCDE calcula que el 13 % del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales, lo que supone entre 5 y 7 billones de dólares. En el caso de España, el organismo internacional estima que existen unos 200.000 millones ocultos en países con legislaciones fiscales muy ventajosas.
objetivo
Razonable pero optimista. Para el profesor de derecho de Esade, Eduardo Berché, el objetivo marcado por el Gobierno no es ambicioso, sino muy razonable. Solo supone una décima parte del dinero oculto en España. Sin embargo, no está convencido de que se logren alcanzar los 2.500 millones. «En las amnistías, hay una clara correlación entre el tiempo de prescripción del delito, el tipo del gravamen y el porcentaje de recaudación», explica. Este experto cree que el gravamen debería ser progresivo en función del tiempo que le falte al defraudador para que prescriba su delito fiscal. Con el sistema actual, a algunos evasores les sale más rentable esperar unos meses a que su delito ya no sea punible antes que pagar un 10 % para regularizarlo.
otros ejemplos
Pocos éxitos. En otros países, la suerte ha sido dispar en función del tipo de gravamen aplicado. En Alemania, en el 2003, la tasa por sacar a la luz el dinero evadido fue del 25 %. El objetivo era recuperar 20.000 millones ocultos e ingresar 5.000. Pero el resultado fue un fracaso, pues la recaudación fue de solo 900 millones. En Italia, las amnistías tienen una tradición mayor. El Gobierno de Berlusconi recuperó para las arcas públicas 6.850 millones en la última. El tipo que se aplicó fue de entre el 5 y el 7 %. El Reino Unido, Portugal o Bélgica también llevaron a cabo procesos similares en el pasado sin demasiado éxito.
impuesto de patrimonio
Prescripción. El profesor Berché explica que, en realidad, el tipo a aplicar sería en realidad superior. Los delitos fiscales prescriben a los cinco años. Es decir, que la amnistía solo se podría aplicar a partir del 2007. En ese año estaba vigente el impuesto de patrimonio, que seguramente tendrían que pagar los defraudadores al superar el límite exento. Y el tipo para ese tributo es de un 2,5 %.
antecedentes
Dos en España. El riesgo viene marcado por los dos precedentes en España: las amnistías de 1984 y 1991. En ambos casos también iban a ser las últimas. Y no cumplieron todas las expectativas.
las peligrosas aristas de la amnistía fiscal
La OCDE estima que los españoles tienen 200.000 millones ocultos en paraísos fiscales
A algunos evasores les sale mejor esperar unos meses a que el delito prescriba