Cinco provincias argentinas han decidido ya rescindir las concesiones a la petrolera
19 mar 2012 . Actualizado a las 07:08 h.Para entender los problemas generados entre el Gobierno de Argentina y Repsol YPF en los últimos meses conviene saber primero que el matrimonio Kirchner siempre tuvo en su cabeza volver a estatalizar la compañía petrolera para tener el control de la empresa más grande y rentable del país. Ahora la presidenta Cristina Fernández ha dejado en manos de sus gobernadores aliados la misión de acosar a la empresa, en lugar de aparecer ella hostigando una vez más a un grupo español.
El pasado miércoles dos provincias del sur, Santa Cruz -la tierra natal de Néstor Kirchner, el expresidente fallecido- y Chubut, ambas con gobernadores aliados a la jefa de Estado, rescindieron concesiones de YPF en cinco áreas en la cuenca del golfo de San Jorge, aduciendo falta de inversiones para aumentar la producción. Otros tres estados provinciales, Neuquén, Mendoza y La Pampa, han anunciado la misma medida de rescisión.
El acto de ruptura del contrato, organizado por el kirchnerismo, se convirtió en una fiesta de exaltación nacionalista argentina ante la firma española. Uno los gobernadores, el de Chubut, Mario Buzzi, justificó la decisión de cancelar unilateralmente los contratos firmados con YPF en algunas áreas en «el declive y la caída de la producción del 23 % en los últimos seis años», y advirtió con ironía que el rey de España, Juan Carlos, no solo no lo llamó: «Ni me va a llamar, porque este no es un problema de reinados». Era una alusión al telefonazo que el rey hizo a Cristina Fernández el 3 de marzo para mediar sobre el controvertido papel de la presidenta hacia Repsol.
Al borde de la euforia y siguiendo el guion de la viuda de Kirchner, Buzzi cargó contra Repsol indicando que «decidieron correrse [quitarse] del medio y no luchar por los intereses de los argentinos».
La justificación técnica
Las denuncias se basan en las conclusiones de una reunión, en en febrero, de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos. Acordaron entonces exigir a las empresas petroleras un incremento de la producción de crudo y gas del 15 % en los próximos dos años. Se les dio entonces un plazo para responder que aún no ha vencido. Pese a ello, la semana pasada ya se adoptaron medidas contra YPF. No así contra el resto de las compañías. Se sigue así el guion previsto.
La petrolera española ya anunció que recurrirá a la Justicia alguna de esas rescisiones de concesión. «Ante la decisión anunciada por la provincia de Chubut de revertir unilateralmente dos áreas operadas por YPF y tras haber presentado en tiempo y forma su descargo, la compañía informa que emprenderá las medidas legales oportunas para garantizar la defensa de sus derechos y para la exigencia, en su caso, de responsabilidades públicas», se lee en el comunicado oficial de la petrolera. Luego la empresa hace una exposición de las inversiones realizadas y termina señalando que tanto la emisión de reservas como el número de pozos terminados presentan incrementos de al menos un 14 % desde el 2007. Según algunas estimaciones publicadas estos días en Argentina, YPF perderá alrededor del 7,4 % de su producción en el país tras la retirada de estas licencias que vencían dentro de cinco años.
Desde la propia YPF juzgan las medidas adoptadas como «arbitrarias, discriminatorias e intempestivas», e insisten en que «aún no se ha cumplido el plazo legal de diez días para pronunciarse».
La pelea será dura para el grupo empresarial que preside Antonio Brufau, que deberá afrontar no solo un aparato político, sino una decisión que parece que ya está tomada.
crónica los problemas de ypf con cristina fernández