Notarios y registradores habrían podido cobrar de forma irregular hasta 90 millones de euros sólo el pasado año.
12 sep 2011 . Actualizado a las 20:52 h.La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias informativas para esclarecer una denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que pedía que se investigara el comportamiento de notarios y registradores, a los que la organización acusaba de haber realizado cobros abusivos en las cancelaciones hipotecarias. A instancias del Fiscal General del Estado, el Fiscal de Sala Delegado para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, José María Paz Rubio, ha abierto unas Diligencias Informativas con el fin de esclarecer la naturaleza de los hechos denunciados.
Según la OCU, que ha utilizado datos de sus propios asociados para extrapolar los datos generales, notarios y registradores habrían podido cobrar de forma irregular hasta 90 millones de euros sólo el pasado año. La institución pide que se revisen de oficio todas las minutas relacionadas con cancelaciones hipotecarias (obligatorias cuando se termina de pagar un crédito o se vende una vivienda de segunda mano) desde diciembre de 2007.
En esa fecha cambiaron los aranceles (que determina el Ministerio de Justicia) aplicables a dichas operaciones en una modificación que, añade la organización, muchos notarios y registradores no habrían aplicado. Un giro que abarataba de forma notable el coste de las operaciones.
La OCU exige que, una vez realizadas las pertinentes comprobaciones, se devuelva el dinero que se hubiera podido cobrar de más. Sólo en 2010 se formalizaron 372.042 cancelaciones hipotecarias. Para la organización de consumidores, «es grave» que se incumpla la normativa; más, si cabe, después de que la Dirección General de los Registros y el Notariado y Tribunal Superior de Justicia de Madrid hayan subrayado la obligación de respetar los cambios legales.