El representante de la Xunta en la comisión de control de Novacaixagalicia (uno de los órganos de gobierno de la caja, donde el Gobierno gallego tiene voz pero no voto) pidió ayer explicaciones a la dirección de la entidad sobre una posible inversión energética en Perú que se analizó hace semanas en los comités de riesgos e inversiones. La operación, explicó el director general de NCG a los miembros de esa comisión de control, consistía en una inversión de 30 millones de euros en un proyecto de explotación hidráulica de 18 megavatios.
Sin embargo, según las fuentes consultadas, la caja eludió concretar a la Xunta si esa operación está definitivamente cancelada o no. De hecho, algunas voces creen que no está cerrada por completo, aunque la caja gallega tiene en marcha un plan de desinversiones y compraventa de activos con plusvalías para recapitalizarse.
La dirección de NCG trasladó en esa comisión, igualmente, que el asunto se podría abordar en futuras reuniones, sin concretar más. Hace unas semanas, el propio José Luis Pego, director general de la financiera, aseguró a los empleados, en una entrevista en la red interna de NCG, que la operación de Perú se había descartado.
Detrás de esa inversión está la sociedad Alarde, una división energética de la caja gallega y que preside Honorato López Isla, ex consejero delegado de Unión Fenosa. Algunas fuentes apuntan a que en esa operación participa también Ángel López Corona, director adjunto cuando Julio Fernández Gayoso estaba al frente de Caixanova.
Recurso de la Xunta
Por otra parte, el Gobierno gallego aprobó ayer «por convicción e responsabilidade» el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 2/2011 que impone las reglas para la recapitalización de las cajas. Feijoo abundó en los argumentos que la conselleira de Facenda desgranó en el Parlamento.
Tras subrayar que la decisión es leal con el deber del Ejecutivo autónomo de respetar el Estatuto y la Constitución, Feijoo incidió en que «non se xustifica a extraordinaria e urxente necesidade» de un decreto que, a juicio del Gobierno autónomo, «vulnera o principio de confianza lexítima e seguridade xurídica», ya que las cajas que actuaron amparadas por las normas vigentes, y con la confianza en que esa vigencia se prolongaría al menos durante cinco años «ven como as actuacións realizadas as prexudican e deben modificar os seus plans de actuación para o futuro», ante los requerimientos de capital.