El conselleiro dice que ninguno de los parques aprobados en concurso está en Red Natura o su futura ampliación
22 dic 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Las empresas que han resultado adjudicatarias en el reciente concurso eólico gallego, pero que han recibido menos potencia de la comprometida para ejecutar su plan industrial, podrán ahora adaptar sus proyectos empresariales a la potencia designada finalmente, según una interpretación de la orden del concurso eólico que acaba de hacer pública la Consellería de Economía e Industria.
Las salidas que se les presentaban antes de esta decisión eran dos: renunciar a los megavatios, que se entregarían a un suplente; o monetarizar el proyecto, es decir, pagar a la Xunta el importe del plan industrial al no llevarlo a cabo. Un ejemplo aleatorio: Aldesa solicitó 202 megavatios, y al menos 190 para ejecutar su plan industrial, por importe de 15,1 millones y 76 empleos. La Xunta le concedió 98, menos del mínimo. A Aldesa solo le quedaban dos salidas: o renunciar al concurso o pagar 7,3 millones de euros, es decir, el importe proporcional del proyecto. Ese dinero irá directamente al fondo de capital riesgo de la Xunta. Sin embargo, la consellería interpreta -a través de un párrafo concreto de la orden que regulaba el concurso- que cabe otra salida, es decir, que sobre esos 98 megavatios de este caso la empresa readapte su proyecto invirtiendo esos 7,3 millones proporcionales y creando 37 puestos.
En el mismo caso de Aldasa hay otras 21 empresas del concurso a las que los megavatios concedidos no les llegan para afrontar íntegro su plan industrial. Entre ellas el gigante Fenosa, el mayor adjudicatario. Ahora podrán readaptarlo. «Lo que queremos es que los proyectos se ejecuten y creen empleo, y es la única forma de garantizarnos que las empresas lleven a cabo sus planes industriales», explicaba ayer el conselleiro de Economía, Javier Guerra.
Los plazos
Esas 22 empresas tendrán hasta el 31 de enero para decidir si renuncian al concurso o si pagan por sus proyectos a la Xunta (suman 1.600 millones de euros). Si no comunican ninguna de esas decisiones, la Xunta interpreta que ejecutan el proyecto. Hasta el 15 de febrero, esas empresas tendrán plazo para reformular sus planes industriales y ajustarlos a los megavatios concedidos. El nuevo proyecto no podrá ser diferente en objetivos del planteado inicialmente, y tendrá que ser aprobado por una comisión de la Xunta formada por 6 personas. De la decisión que adopten esas 22 empresas dependerá que se creen finalmente los anunciados 1.611 empleos vinculados a los planes industriales.
Ante las dudas que esta interpretación podría suscitar -sobre todo entre los que no recibieron megavatios-, el propio Guerra explicaba que «esta vía ya estaba clara en la orden» que regulaba el concurso, de inicios de año. Con todo, las empresas dispondrán hasta finales de enero para presentar recurso.
El resto de adjudicatarios, otras 16 compañías, tendrán que ejecutar el proyecto industrial presentado al concurso a cambio de sus megavatios, porque lo concedido se ajusta a lo que esas firmas demandaban. No tienen otra salida, salvo que abandonen el concurso.
El conselleiro anunció que la empresa que no haya ejecutado el plan industrial según lo previsto no recibirá la autorización definitiva para emplazar sus parques. Las fianzas depositadas -20.000 euros por megavatio y un 2% sobre el proyecto del parque-no serán retornadas hasta que estén finalizados los planes que vinculan las concesiones.
La resolución
Todas estas apreciaciones se reflejan en la resolución de urgencia dada a conocer por el conselleiro y por el director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces. Se publicará en el DOG en los próximos días.
La adjudicación de 2.325 megavatios de energía eólica recayó en 38 empresas, un 79% de capital gallego y el 21% restante foráneas. Guerra aseguró que ninguno de los parques se ubicará en Red Natura «ni en su futura ampliación, ya está comprobado». La concesión compromete la generación de 13.255 empleos, seis por cada megavatio autorizado, y las empresas asumen la creación de 8.682. La inversión prevista es de 5.953 millones, que generarán a la comunidad unos ingresos de 1.000 millones. De esta cantidad, 170 los percibirán los propietarios de los montes en los que se instalarán los parques. Los ayuntamientos recibirán una parte de los beneficios. Este año se han repartido 23 millones.