El Gobierno dice que casi toda la UE recortó el salario a los funcionarios

Natalia Bore MADRID/LA VOZ.

ECONOMÍA

De la Vega insiste en que la bajada retributiva recurrida ante la Audiencia Nacional por los sindicatos es «legal»

09 oct 2010 . Actualizado a las 03:03 h.

El Ejecutivo mantiene la calma ante la resolución de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que tiene «dudas» sobre la constitucionalidad del recorte salarial que el Gobierno ha aplicado a los empleados públicos. Así lo manifestó ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que reiteró que la «legalidad» de la medida que los sindicatos recurrieron a los tribunales. De hecho, se escudó en que iniciativas «similares» se han adoptado en «prácticamente todos los países de la UE». Aunque los sindicatos consideran la resolución como una primera victoria en su lucha contra el recorte.

La vicepresidenta, que precisamente fue la encargada de rubricar -el 29 de septiembre del pasado año- el acuerdo de subida salarial para los funcionarios, argumentó ayer que «el ajuste es una medida legal», pese a que supone la revisión de uno de los puntos firmados con los sindicatos, porque «está avalada por el Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé expresamente la posibilidad de suspender o modificar los pactos y acuerdos, de forma excepcional y por causa grave de interés público».

De la Vega indicó que el recorte salarial (de una media del 5%) se tomó «al abrigo de la necesidad de adoptar medidas excepcionales por razones de interés público, al haber cambiado la situación económica». Así lo defenderá el abogado del Estado ante la Audiencia Nacional, ya que en la providencia fechada el 3 de octubre los magistrados -por unanimidad- dudan de la constitucionalidad del recorte, por entender que podría vulnerar los derechos a la negociación colectiva, a la libertad sindical y a la igualdad.

Alegaciones

La resolución da un plazo de diez días a las partes para que presenten alegaciones, algo sobre lo que ya trabaja la Abogacía del Estado, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Economía.

Las mismas fuentes reclamaron «prudencia» sobre el asunto, recordando que una providencia no es una sentencia, e insistiendo en que el hecho de que la Audiencia Nacional tenga dudas «no significa que acabe en el Constitucional». El ministerio recalcó que el ajuste que entró en vigor en junio pasado «está sobradamente justificado y se enmarca en la más estricta legalidad, «por eso confiamos en que no llegue al Tribunal Constitucional».

Por las «circunstancias»

En la misma línea se manifestó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, subrayando que el recorte salarial fue la respuesta a «la alteración sustancial de las circunstancias económicas que había cuando se firmó el acuerdo de septiembre» y que, por tanto, está amparado por la ley.

Así, calificó el ajuste de los sueldos de «provisional» y «temporal», e insistió en que el Gobierno lo aprobó por «responsabilidad» y «para garantizar la viabilidad de nuestro modelo de protección social y de nuestra economía en un momento de especial dificultad».