En Galicia hay 450 kilómetros de autopistas por la que hay que pagar, ya sea directamente mediante un abono económico en cabina, ya sea a través de impuestos, mediante lo que se conoce como peaje en la sombra. La entidad resultante de la fusión sería la propietaria de más de un centenar, gracias a su participación en todas las firmas adjudicatarias de las cinco vías de pago que hay en la comunidad.
Las cajas gallegas siempre han tenido presencia en el capital de las concesionarias. De hecho, las caixas de Vigo, Pontevedra y Santiago, junto con el Pastor, ya estuvieron hace 30 años en la adjudicación del primer tramo de la ahora llamada AP-9, la arteria que recorre Galicia desde Ferrol hasta la frontera con Portugal.
Con la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas, hace ahora siete años, Caixa Galicia y Caixanova entraron directamente en el negocio de las concesiones, con una participación que ha ido variando según las oscilaciones del mercado.
Con un 23% de Itínere
Desde julio pasado, las dos cajas controlan el 23% de Itínere, lo que convertiría a la entidad resultante de un proceso de fusión en el segundo accionista de una sociedad que tiene como principal activo la AP-9 (Ferrol-Tui). La operación, en la que las dos entidades participaron juntas, supuso que desembolsaran 200 millones cada una. Además, controlan parte de la AP-53 (Santiago-Alto de Santo Domingo), la AG-55 (A Coruña-Carballo) y la AG-57 (Vigo-Baiona), también es propietaria de otros 350 kilómetros en diferentes vías españolas. La firma pertenecía hasta este año a la constructora madrileña Sacyr, pero fue comprada por el banco estadounidense Citi, que posee el 60%.
La gran caja sería propietaria del 30% de la autopista de O Salnés (peaje en la sombra que comparte con Copasa y el grupo Puentes y Calzadas); el 21% de Autopista Central Gallega (el máximo accionista es FCC) y el 20% de la autovía de Barbanza (otro peaje en sombra).