El 80% de la recaudación del IRPF -el impuesto estrella del sistema tributario español- proviene de los rendimientos del trabajo. A poco que hagamos números, resulta evidente que los anuncios hechos hasta ahora por el presidente sobre la subida fiscal que se nos avecina no serán los últimos. Y es que aunque a nadie le gusta pagar impuestos, con las arcas del Estado vacías, un déficit público que alcanzará el 10% y una crisis virulenta, el incremento tributario es necesario, aunque insuficiente.
La recaudación que se obtendrá con los impuestos sobre las rentas del capital no alcanzará para cubrir las necesidades existentes. Así lo entiende el colectivo de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que recientemente estimaba en unos 15.000 millones el dinero que se necesitaría para cuadrar las cuentas públicas. «La medida que tendría mayor efecto recaudatorio sería suprimir la deducción de los 400 euros, que afectaría a entre 11 y 12 millones de contribuyentes», explicó el portavoz de IHE, Francisco de la Torre. Cuando se puso en marcha afectó a unos 15 millones y su coste estaba en 6.000 millones, pero ahora el número de trabajadores ha disminuido y con ello la cuantía que, vía retenciones, ingresarán las arcas públicas: en torno a 4.500 millones, variables según la evolución del empleo.
De la Torre va más allá, al recordar además que subir el tipo del rendimiento de capital también tiene límites: «Pasarse podría ser contraproducente».
Lo que los expertos consideran posible es que haya una subida adicional en los impuestos especiales, mientras que el IVA será de los que no se toquen a corto plazo, dada la baja demanda, la caída de precios y el riesgo que supondría para la supervivencia de las empresas. Tampoco el de sociedades subirá, tal y como aseguró Zapatero.
«Por eliminación, el círculo se cierra y nos lleva a un único sitio: el IRPF. Una subida recaudatoria tendría que pasar por ahí», sentencia De la Torre, para subrayar que, en cualquier caso, la reforma tributaria tendría que ir acompañada también ?-para que fuera eficaz- de un recorte en el gasto público y de una mayor efectividad en la lucha contra el fraude. «Es fundamental, y habría que hacerlo todo a la vez».
Asimismo, los inspectores critican la incertidumbre que existe sobre la reforma fiscal, porque genera inseguridad jurídica y puede disuadir a los inversores de hacer operaciones.