La Audiencia persigue un fraude a Hacienda a través de varias sociedades y aseguradoras Anticorrupción bloqueó 1.500 millones de euros y ordenó registrar las sedes de las entidades.
02 nov 2006 . Actualizado a las 06:00 h.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó ayer por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción el registro de varias sedes del banco portugués Espírito Santo en Barcelona y Madrid en relación a un posible delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública por un importe superior a los 1.200 millones de euros. También fueron intervenidos en Madrid dos despachos del banco francés BNP-Paribas y la sociedad de valores Cartera Meridional. En Barcelona, los registros afectaron a la aseguradora Cahispa. Anticorrupción ha bloqueado de momento 1.500 millones de euros en cuentas opacas de varias entidades en el marco de la operación, denominada Sueter. Según una nota de la fiscalía, sólo en el caso del Espírito Santo se investiga «si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias» a los clientes que defraudaron a Hacienda. Los indicios La operación tiene su origen en una investigación iniciada en el año 2000 en la sede del BBVA Privanza, y donde se encontraron indicios de fraude fiscal. Los registros de ayer fueron llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos agentes se presentaron en torno a las 9.30 en las oficinas madrileñas del Banco Espírito Santo. Varios empleados aseguraron a La Voz que desconocían el origen de las actuaciones, pero el propio banco luso aseguró, en contra de lo que afirma la fiscalía, que la investigación se dirige contra «entidades clientes» de la firma portuguesa. El banco destacó su colaboración con la justicia española y aseguró que actúa «con la más estricta legalidad». Por su parte, BNP-Paribas se limitó a informar del registro «sobre un cliente de la entidad», y aseguró que colaborará en la investigación. El origen del fraude se detectó en oficinas del Espirito Santo en Azores desde donde salían capitales que luego eran instrumentalizados a través de la aseguradora Cahispa. El importe de lo defraudado supera los 1.200 millones de euros y podría llegar hasta los 2.000. Durante la operación, que continúa abierta, no se llevó a cabo ninguna detención. Los agentes de la Guardia Civil buscaron información tanto en papel como en soporte informático para ponerla a disposición del juzgado. Será el juez, a la vista de esa documentación, quien decida las personas implicadas en el fraude y dicte las órdenes de detención.