Bruselas abre expediente a España por ampliar las competencias de la Comisión de la Energía
ECONOMÍA
El Gobierno español y la Comisión Europea entraron ayer en un contencioso de muy largo alcance a cuenta de las nuevas atribuciones de la Comisión Nacional de la Energía -dirigidas a frenar la opa de E.On sobre Endesa-, y que durará años si antes no media un acuerdo entre España y Alemania, y entre las partes en litigio, es decir, las dos eléctricas y Gas Natural. Tal y como estaba anunciado, la Comisión Europea comunicó la apertura de un procedimiento de infracción contra España, por las atribuciones conferidas a la CNE por decreto el pasado mes de febrero, poco después de hacerse pública la intención del gigante alemán de lanzar una opa sobre Endesa. La Comisión entiende que los cambios introducidos en las competencias de la CNE constituyen una violación de las leyes del mercado interior. La autorización previa que ahora debe otorgar el regulador español para las operaciones de adquisición de capital superiores al 10% en empresas que desempeñan una actividad regulada o que se encuentran sometidas a supervisión especial, vulnera, en opinión de la Comisión, los artículos 56 y 43 del Tratado sobre Libre Circulación de Capitales y Derecho de Establecimiento. Infracción En consecuencia, el Ejecutivo comunitario ha reclamado formalmente a las autoridades españolas explicaciones sobre la citada disposición, bajo la forma de una carta de emplazamiento, a la que Madrid deberá dar respuesta en el plazo de dos meses. Es el primer paso del procedimiento de infracción. Irá seguido de un dictamen motivado en el caso de que las explicaciones que el Gobierno dé no satisfagan a las autoridades comunitarias. El citado dictamen conlleva la exigencia de corrección. Si, aun así, el país implicado no se aviene a las modificaciones requeridas, el asunto pasa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bruselas ha manifestado que los motivos en función de los cuales la CNE puede autorizar, condicionar o prohibir una toma de participación en el capital de las empresas del sector «tienen un carácter vago e indeterminado, y dejan un amplio poder discrecional a las autoridades, lo que no está justificado». El ministro de Industria, Comercio y Truismo José Montilla, restó ayer importancia a la decisión de la Comisión Europea. «Es una carta de emplazamiento más de las decenas que tiene España y de las centenas que tienen otros países. Para nosotros no tiene más trascendencia», concluyó.