El documento aboga por implantar contratos virtuales regulados por el Ejecutivo Los expertos dicen que al recibo de la luz también le deben influir el coste del crudo y los tipos
26 jul 2005 . Actualizado a las 07:00 h.El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dio a conocer ayer el llamado Libro Blanco para la Reforma de la Generación Eléctrica, un documento de carácter consultivo que servirá de base para los cambios que pretende llevar a cabo el Ejecutivo. El trabajo, elaborado por el profesor José Ignacio Pérez Arriaga y su equipo del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas, urge al Gobierno a resolver la concentración que vive el mercado, y apuesta por que las tarifas recojan los costes de generación. Propone limitar la cantidad de electricidad que los operadores puedan llevar de forma libre al sistema, y contratos «virtuales» para los excedentes de producción. El profuso informe subraya el «atasco regulatorio» en materia de generación, lo que ha provocado que el sector se haya «concentrado en exceso». En resumen, dice Pérez Arriaga, el Gobierno se enfrenta a «un país con un modelo energético insostenible». Límites El Libro Blanco recuerda que las distintas administraciones han apostado por mantener campeones nacionales para evitar la injerencia de operadores extranjeros, lo que ha llevado a que «dos de las empresas -en alusión a Endesa e Iberdrola- sean demasiado grandes» para el actual mercado. Para solventar esto, el informe propone limitar la potencia que las empresas lleven libremente al sistema a un porcentaje de la potencia punta estimada por el Ministerio para cada ejercicio. Si se aplicara esta regla este año con un 22% de máximo -que el Libro pone como ejemplo-, Endesa sólo podría negociar el 67% de su capacidad efectiva e Iberdrola, un 70%. El resto de compañías no se verían afectadas. El límite, dice, se debería fijar con tres años de antelación y afectaría a las compañías en casos de concentración o fusión. «La regla no limita necesariamente la cuota de mercado de un agente, sino su capacidad de manipular el precio del mercado en su beneficio», añade. El resto de capacidad de las empresas no desaparecería del mercado, sino que quedaría sometida un procedimiento que, además, solventaría el problema de los costes de transición a la competencia (CTC's) de una forma que no alterara el mercado. Sería a través de varios mecanismos como la venta de activos, la comercialización virtual de energía por un plazo de al menos cinco años o los denominados contratos virtuales. En estos últimos, que se presentan como una efectiva solución y en los que el regulador fija el precio, no existe una contraparte a las operadoras que compre la energía sino que, llegado el vencimiento, la diferencia (positiva o negativa) entre el precio pactado y el de mercado se trasladaría a la tarifa. Para Pérez Arriaga y su equipo, «es hora de romper el mito de que el éxito de una reforma regulatoria estriba en que el precio de la electricidad baje indefectiblemente». Recuerdan que en la formación de las tarifas influyen los tipos de interés o el comportamiento del petróleo, que es necesario trasladar al consumidor. «La tarifa integral -la que pagan las familias- no debe constituir un refugio para los consumidores y debe dejar espacio para la actividad libre de comercialización», señala el documento. El documento reclama también un mayor poder sancionador para la Comisión Nacional de la Energía.