En España hay más de 50.000 afectados, según los consumidores Pagará 18.000 euros por no avisarle de los riesgos de un producto que había contratado
26 ago 2004 . Actualizado a las 07:00 h.El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma ha condenado al BBVA a indemnizar a un cliente con 18.600 euros por no informar debidamente de los riesgos que implicaba un producto contratado por éste. La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) alertó ayer de que en España hay más de 60.000 personas afectadas por la contratación de este tipo de productos, que habrían supuesto un desembolso superior a los 6.000 millones de euros. El delegado de Ausbanc en Baleares, Carlos Hernández, señaló que el producto, denominado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como Contratos Financieros Atípicos (CFA), se comercializó en España y Baleares entre septiembre de 1999 y el año 2000. Los CFA son un tipo de producto de ahorro en los que los clientes entregan unos valores o dinero a su entidad y ésta se compromete a devolverlos dependiendo de la cotización de unas acciones o un índice bursátil, con lo que el ahorrador corre el riesgo de perder su inversión. Inversión no garantizada En este caso, el problema, según el juzgado que instruyó el proceso, es que el BBVA emitió estos contratos bajo la denominación «engañosa» de depósitos, cuando en realidad se trataba de otra clase de productos que no garantizan la inversión realizada. La sentencia hace referencia a la compra en el año 2000 de un total de 1.327 títulos de Telefónica por un valor de 36.000 euros, una contratación que fue denunciada por Ausbanc en abril del 2003. El precio de las acciones partió de los 27,17 euros, pero en el momento en que venció el contrato, dos años y medio después, estos valores habían caído hasta los 9,53 euros, ocasionando pérdidas al afectado de un 43%, ya que sólo recuperó 15.672 euros de la cantidad inicial aportada. El delegado de Ausbanc denunció que las entidades bancarias indujeron a error a sus clientes, de perfil conservador y con edades en torno a los 80 años, ya que no les informaron del factor de riesgo existente en los contratos, pudiendo provocar «la pérdida total de sus ahorros». Asimismo, Hernández exigió a la CNMV que ejerza su «obligación» de proteger a los inversores, puesto que este organismo alegó en su momento que no podía actuar debido a que los contratos habían sido ratificados por el contratante y que debían ser ellos los que se informaran adecuadamente con anterioridad a la firma. «Es ridículo reiterar que los ahorradores tenían que informarse cuando existe de por medio una entidad financiera que engaña y en la que la persona confía», subrayó Hernández, quien manifestó que la CNMV también debe actuar en los casos en los que hay un contrato firmado.