El grupo Izar podría ser condenado a devolver total o parcialmente una ayuda pública de 2.015 millones de euros, concedida por la SEPI entre los años 1999 y 2002, si Bruselas consigue demostrar, como se propone, que se trata de una subvención de Estado incompatible con las reglas comunitarias. La Comisión Europea explicó ayer los detalles que abordará en la nueva investigación abierta en torno a la inyección de capital que redundó en beneficio de Izar, el grupo naval nacido en diciembre del 2000 de la fusión de AESA, los astilleros públicos civiles, y Bazán, los cantones militares. Entre las plantas afectadas por la investigación se encuentra la antigua Astano (actualmente Izar-Fene), que junto al astillero de Cádiz, el asturiano de Juliana y el valenciano de Manises habría recibido una aportación de capital por un importe de 68,2 millones de euros, que ahora podría ser considerada ilegal. El Ejecutivo comunitario está investigando, por un lado, ayudas a la reestructuración por valor de 515 millones de euros que el Gobierno habría concedido a Izar entre 1999 y 2000, y, por otro, inyecciones económicas por 1.500 millones entre el 2000 y el 2002. En el primer apartado se incluirían un préstamo por importe de 194,4 millones de euros, que redundó en beneficio de los cantones de Cádiz, Juliana y Manises; una aportación de 252,4 millones transferida por AESA a sus empresas de Puerto Real, Sestao y Sevilla, y, por último, la inyección antes citada que favoreció a Astano. Segunda parte La segunda parte de la investigación analizará si otros 1.500 millones de euros inyectados entre el 2000 y el 2002 constituyen una subvención estatal incompatible. «Tenemos evidencias preliminares de que la SEPI dio ayudas a Izar», es lo único que ayer podía precisar el portavoz del comisario de Competencia, Mario Monti. Una investigación del organismo regulador europeo es lo que menos interesa en estos momentos a Izar, que al igual que el resto de los astilleros comunitarios se queja de la falta de contratos debido a la ralentización económica y, sobre todo, a la feroz competencia desleal de Corea del Sur. Por su parte, la SEPI anunció en un comunicado su disposición a colaborar con Bruselas para aportar todos los datos que precise. Ahora bien, el hecho en sí de que se abra una investigación, para la SEPI «no prejuzga nada» sobre el resultado final de las pesquisas.