La cúpula directiva que dimitió dice que lo hizo porque no le dejaban trabajar La organización lucense se encuentra dividida en dos grupos desde hace meses
21 feb 2003 . Actualizado a las 06:00 h.La Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) se encuentra en estos momentos en una situación atípica, después de que presentaran su dimisión el presidente, Juan Antonio Martínez Dapena, elegido por aclamación hace ocho meses y la totalidad de los miembros del comité ejecutivo. La organización lucense, que se encuentra dividida en dos grupos desde hace meses, está ahora en manos de una junta de gobierno en funciones, en la que es mayoría el sector del ex presidente, Guillermo Sánchez Vilariño. Este ex directivo es una de las 11 personas que figuran como imputadas en una querella criminal presentada por la Fiscalía de Lugo por falsedad y apropiación indebida. El penúltimo presidente -el mandato del último duró apenas una noche- y su comité ejecutivo en pleno explicaron ayer las razones por las que abandonaron la patronal lucense. Fundamentalmente fueron dos: la ingobernabilidad de la organización y, según explicó Martínez Dapena, por un problema ético. Recordó que varios de ellos están imputados en una querella por falsedad y apropiación indebida en relación con tres contratos de alquiler de los locales del centro de formación (Cise) de la patronal lucense, que tienen la misma fecha y que fueron otorgados por una sociedad que no existía. «Siguen en la CEL cuando en cualquier país civilizado hubieran presentado su dimisión», dijo Martínez. «Nos vamos no sólo por un problema de que no nos dejen trabajar, sino también por un pronunciamiento ético», apostilló el ex presidente. El cisma definitivo se produjo en la última reunión de la junta de gobierno -en la que es mayoritario el grupo de Sánchez Vilariño-, celebrada el pasado jueves y en la que se aprobó un plan de viabilidad en el que no permitieron introducir ninguna modificación al entonces tesorero de la patronal. También hubo disputas por los contratos de alquiler de los locales del Cise. El sector del ex presidente exigió explicaciones a Juan Antonio Martínez Dapena por sus actuaciones respecto del alquiler del centro de formación. Éste presentó un informe encargado a una consultoría externa, cuyo dictamen sobre los contratos de alquiler es coincidente con las tesis que expone el fiscal en la querella criminal. Elecciones El equipo de Martínez Dapena aseguró que la convocatoria de elecciones no haría posible la gobernabilidad de la CEL, ya que existen mecanismos internos que, aunque volviera a ganar, limitarían su gestión. Se refirió a que sería imposible hacerlo con un secretario general, José María López Bourio, claramente decantado por el sector de Vilariño y que acaba de ser elegido delegado sindical de la patronal por UGT.