Aparicio argumenta que los cambios tienen que aplicarse antes de que se den situaciones de emergencia financiera Los diputados populares se quedaron solos ayer en el Parlamento a la hora de aprobar la reforma del paro. Por primera vez desde que Aznar llegó en 1996 a La Moncloa, el partido del Gobierno tuvo que sacar adelante, sin apoyos, la convalidación de un decreto. En contra votaron PSOE, PNV, IU y el Grupo Mixto. Se abstuvieron CiU y Coalición Canaria.
13 jun 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Los prolegómenos del debate de convalidación del decreto ley de reforma del seguro de desempleo estuvieron marcados ayer por la presencia de sindicalistas de UGT y CC OO en los accesos al Congreso, en donde repartieron propaganda a favor de la huelga general del 20 de junio entre los diputados y el personal de la Cámara. El debate tampoco estuvo exento de notas de color. Así, y justo en el momento en el que ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, iniciaba su turno de defensa del decreto desde la tribuna, algunos parlamentarios se pusieron de pie mostrando pancartas con el lema «20 junio. Huelga General». Durante su comparecencia, Aparicio acusó a la oposición de «mediatizar la reforma» y hacer de ella «un campo de batalla aun a expensas del bien y del interés general». En otro momento de su intervención, ofreció datos sobre las bondades de la norma. Así, informó de que 600.000 mujeres se verán favorecidas por las bonificaciones a la Seguridad Social y, previsiblemente, con un trabajo. También cifró en 140.000 los parados mayores de 52 años que gracias al decreto se reincorporarán al mercado de trabajo. Por el PSOE tomó la palabra su responsable de Economía, Jordi Sevilla, quien destacó que antes de imponer una reforma laboral por decreto, el Gobierno debía haber dotado al Instituto Nacional de Empleo (Inem) con recursos necesarios para equipararse a los sistemas europeos; concluir las transferencias a las comunidades autónomas; evaluar el resultado de las políticas activas de empleo que mueven muchos millones de euros; reformar la formación profesional para conseguir su eficacia; atajar el fraude en la contratación temporal; y alcanzar el consenso con las autonomías y ayuntamientos para dotar de incentivos a la contratación estable. Los nacionalistas catalanes y Coalición Canaria justificaron su voto por la «arrogancia del Gobierno» y coincidieron con la oposición en que el Gobierno ha roto el diálogo social. Al final, el decreto fue aprobado por 169 votos a favor (los del Partido Popular), 129 en contra (PSOE, PNV, IU y Grupo Mixto) y 16 abstenciones (las de CiU y Coalición Canaria).