La Xunta dice que desde 1997 no ha concedido más subvenciones y pide información a la Comisión Europea La Comisión Europea abrirá mañana un expediente contra el Grupo de Empresas Álvarez por no pagar a Hacienda y a la Seguridad Social desde 1997. Hace tres años, Bruselas dictaminó que GEA había obtenido 2.800 millones de pesetas (16,8 millones de euros) en ayudas ilegales y frenó la concesión de otros 2.000 millones (doce millones de euros) en subvenciones.
17 sep 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Bruselas abrirá mañana un expediente contra el Grupo de Empresas Álvarez (GEA) al entender que el Estado español ha estado concediendo ayudas encubiertas a la empresa, ya que GEA no paga ni a Hacienda ni a la Seguridad Social. El Grupo de Opinión de GEA cifra la deuda con Hacienda en 8.000 millones de pesetas (48 millones de euros) y con la Seguridad Social, en más de 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros). La Comisión Europea permitió en 1997 subvenciones a GEA para evitar el cierre de la empresa. Estas ayudas se lograron por la presión política de Manuel Fraga, según señaló en su día el senador del PP, Juan José Unceta. De esta manera, hace cuatro años GEA logró dos subvenciones públicas de 983 y 1.050 millones de pesetas (5,9 y 6,3 millones de euros). Pero, estas ayudas estaban supeditadas al cumplimiento de un plan de viabilidad que no se ha llevado a la práctica. El proyecto de reestructuración exigía la venta de dos de las seis naves de fabricación de productos cerámicos, la enajenación de la fábrica de vidrio de Vanosa, la venta de instalaciones en Vigo por un monto de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) y la reducción de plantilla de 1.029 a 587 trabajadores. Ninguna de estas medidas se ha llevado a cabo y competidores de GEA como Porcelanas Bidasoa y Porvasal han exigido a Bruselas que aplique la ley. Prejubilaciones La Xunta ha pedido a la Comisión Europea que le informe del alcance de la medida y ha asegurado que desde 1997 no se han concedido ayudas al grupo gallego, salvo los fondos para prejubilaciones, que fueron aprobados en enero de 1998 y se elevaron a 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros) en tres años. Un grupo de trabajadores de GEA tiene previsto manifestarse hoy delante del juzgado de Vigo, que, en junio, levantó la suspensión de pagos.