La quiebra de la antigua filial de Telefónica pone al descubierto una enrevesada trama financiera Hace ahora algo más de un año, en sólo nueve días, los que mediaron entre el 31 de mayo y el 8 de junio del 2000, las cuentas de Sintel registran una serie de pagos que suman 1.600 millones de pesetas. Nadie sabe dónde está el dinero, ni por qué fue retirado. La Fiscalía Anticorrupción intenta desenredar el ovillo y la única forma de hacerlo con cierta facilidad sería interrogando al ex-consejero delegado Juan Antonio Casanova, «el Onassis». Cauteloso, hábil y bien relacionado, Casanova ha emigrado a Perú.
04 ago 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Desde su cuartel general en el madrileño Paseo de la Castellana, ahora desmantelado, el comité de empresa de Sintel ha escrito la historia oculta de la compañía. El sindicalista Adolfo Jiménez ha sido el coordinador de un trabajo de investigación que, a la vista de los datos ya contrastados, refleja uno de los episodios más vergonzosos de la vida económica española. Los ex-empleados de Sintel han demostrado que su pleito con Casanova no es singular. El ex-consejero delegado también debe responder a una querella de la Caja Insular de Ahorros, que reclama al Onassis, entre otros, la devolución de un crédito de 750 millones. El destino del préstamo era adquirir el material para instalar equipos telemáticos en varios hospitales, según la contrata que los denunciados obtuvieron del Gobierno canario. La Caja Insular nada sabe de los 750 millones y tampoco se han instalado los teléfonos y televisores que encargó la Administración autonómica. La salida de Mas Canosa El Onassis capitaneó un grupo de ejecutivos catalanes que compró Sintel a Mas Tec International, sociedad familiar que dirigía con mano de hierro Jorge Mas Canosa. Las circunstancias que propiciaron esta operación son ajenas a los avatares posteriores de la firma. Sin embargo, a decir de los trabajadores, nunca hubo razones económicas ni de mercado que justificaran la decisión de Telefónica de vender Sintel. Ya en 1998, la segunda venta de Sintel -por la que Mas Tec la cedió al grupo de ejecutivos catalanes- fue ejecutada mediante una operación en las Islas Vírgenes, en la que participó la sociedad FG Newco. Esta firma tenía su sede en Madrid y, ¡sorpresa!, estaba controlada por Jesús Roa Baltar, el ex-presidente de OCISA, la constructora que coprotagonizó el famoso caso Ollero. El objetivo último de los nuevos propietarios de Sintel era hacerse con el control de Mas Tec. Fracasaron. Pero sus criterios especulativos pervivieron. De modo que utilizaron Sintel para introducirse en negocios como el de la telemedicina, para lo que crearon la sociedad Inpromed. En esta firma también participaba Softmed, controlada por Ibersuizas, cuyo presidente es Juan Abelló. La opción de Juan Abelló Ibersuizas llegó a firmar una opción de compra sobre Sintel. Pero en su afán por obtener beneficios rápidos, el grupo de ejecutivos catalanes suscitó desconfianzas e Ibersuizas, quizá sabedora de que la caja de Sintel era un queso de gruyere, renunció a su opción. A la postre, un socio gallego de Sintel, Dositeo Barreiro -descendiente del mítico constructor de automóviles ourensano-, fue quien tiró de la manta y forzó la suspensión de pagos. Intervino la autoridad judicial, cayó el velo que cubría la contabilidad de la sociedad y explotó el caso Sintel. Ahora la Fiscalía Anticorrupción investiga la posible comisión de varios delitos, incluido el de apropiación indebida. Mientras tanto, el Onassis emigró al Perú de Fujimori, en el que ahora gobierna Alejandro Cholo Toledo. El caso Sintel amenaza con deparar más y más sorpresas, a lo que sin duda contribuirá la nueva Administración peruana, que se ha comprometido a investigar las andanzas de ciertos inversores españoles.