¿A quién afecta? Según los sindicatos, no sólo a los empleados públicos de la Administración central, sino también a los funcionarios de las administraciones autonómica y local y a todos los de los organismos que fijan sus retribuciones en función de los Presupuestos Generales del Estado, es decir a los militares, la policía, la Guardia Civil y los jueces, entre otros. Según CC OO, también habría repercusiones en las rentas de los jubilados, pensionistas y empleados públicos dados de baja a partir de 1997. ¿Cuánto cobrarán los funcionarios afectados? La media de atrasos estimada por funcionario sería de unas 305.000 pesetas, aunque, según figura en el cuadro adjunto, la revalorización varía en función de la cuantía de los sueldos. ¿Cabe recurso? Según el Gobierno sí, ya que el sueldo de los funcionarios no es sólo una negociación en materia de personal, sino una de las partes de la política económica de un país. El Gobierno interpondrá el recurso de casación ante la Audiencia Nacional. En caso de no ser admitido, el Ejecutivo tendría que formular queja ante el Supremo, que resolvería la admisión a trámite o no del recurso de casación. En uno y otro caso, la decisión final es del Supremo. Según la abogada de CC OO que presentó el recurso, Carmen Perona, la ley no deja posibilidad de recurso, salvo el «de casación en interés de ley», que, en cualquier caso, «afecta a sentencias posteriores pero nunca a una sentencia firme como es ésta». Expertos constitucionalistas consultados por este periódico indicaron que el denominado «recurso de casación en interés de ley» no cambiaría la sentencia ya dictada, sino que aclararía el problema suscitado y establecería, caso de ser estimatorio, la doctrina legal y jurisprudencia a seguir en un futuro. ¿Hay que solicitar la devolución de atrasos individualmente? CC OO afirma que el Gobierno tiene un plazo de cinco días para ejecutar la sentencia y pagar a los afectados. En caso contrario, se abre un plazo de tres meses para presentar solicitudes individuales y el sindicato se pondrá a disposición de los trabajadores para tramitar las reclamaciones.