Este martes, la Audiencia de Pontevedra celebró la primera de las sesiones del juicio que sienta en el banquillo a tres acusados, un vecino de A Estrada, que supuestamente distribuían cocaína en esta localidad pontevedresa, y dos mujeres con domicilio en Vilagarcía y en Silleda. Esta última sería la persona que «preparaba a cocaína e que a poñía a disposición» del primero, mientras que la arousana sería la responsable de su transporte. Así lo expone el fiscal en su escrito de acusación, en el que solicita cinco años y nueve meses y multa de 4.935 euros para el estradense, y cuatro años y medio y 38.130 euros de multa para sus compañeras de banquillo.
Esta primera jornada de vista oral estuvo marcada, en gran medida, por la intervención del abogado del principal acusado, quien sostuvo que su cliente fue víctima de una investigación prospectiva, así como anunció una querella contra los agentes que llevaron las diligencias. De igual modo, solicitó la suspensión del juicio, la nulidad de las actuaciones policiales, de las intervenciones telefónicas, de las analíticas de la droga intervenida al entender que hubo deficiencias en la cadena de custodia de las mismas...
Y frente a este abogado, el fiscal defendió la labor de la Guardia Civil a la hora de acometer esta investigación. Así, remarcó que la misma no se inició por el testimonio de una persona concreta, sino que existían indicios policiales basados en vigilancias operativas que determinaron que los agentes infiriesen que se podría estar dedicando a la venta de estupefacientes.
A estos indicios se sumó la existencia de denuncias previas contra el principal acusado, quien tiene dos condenas por delitos contra la salud pública, así como, al parecer, se llegaron a observar transacciones. En el propio escrito de acusación se precisa que se identificaron «catro puntos habituais de venda ou distribución próximos ao seu domicilio aos cales o acusado acudía nalgún dos seus vehículos para reunirse cos compradores e entregarlles a droga a cambio de diñeiro, logo de contactar con eles por teléfono ou por Whatsapp ou Telegram».
Además, puso de relieve que no se pudo determinar el origen del dinero que posibilitó el alto nivel de vida del procesado, así como sostuvo que no existió irregularidad en la cadena de custodia de la droga. Argumento que extendió a las huellas digitales halladas en dos paquetes que contenían cocaína y que dieron positivo en una de las encausadas.