La oposición se abstuvo ante sus dudas por el informe de Intervención y criticando al ejecutivo y a Paz Pérez por no consensuar un servicio tan sensible para usuarios
28 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Al Concello de Lalín se le están atragantando los grandes contratos municipales. Si en el 2018 vencían los 20 años del agua, y se alcanzaba un acuerdo para que la empresa que lo llevaba se mantenga al frente del servicio en un limbo legal, el próximo lunes día 30 finalizan los dos años de Galáurea al frente del Servizo de Axuda no Fogar, en un contrato prorrogable por otros dos años y que la empresa había planteado resolver el pasado enero. El anterior ejecutivo tuvo que lidiar con la firma en el tramo final del mandato para inyectar 78.650 euros para la recuperación del equilibrio económico de la concesión hasta final de septiembre, con la intención de sacar a concurso de nuevo el servicio.
Pero la licitación no llega a tiempo ?como tampoco llegó la del agua? y el gobierno apuntaba en una propuesta al pleno ayer que «non parece viable a prórroga pola suba do Salario Mínimo Interprofesional». Para garantizar la continuidad de la prestación del servicio mientras se tramita la nueva licitación se propone que siga Galáurea, o de no aceptar, buscar a una firma que la sustituya en ese impasse, facultando a la concejala Paz Pérez a realizar los trámites necesarios para ello. El gobierno local, con Crespo ausente del salón de plenos, aprobó la propuesta, mientras la oposición se abstuvo.
Porque los representantes de CxL, PSOE y BNG cargaron con suma dureza contra el gobierno local, y en especial contra la teniente de alcalde Paz Pérez.
Recurso de Galáurea
Vilariño (BNG) criticó que les ocultase que Galáurea tiene presentado un recurso de reposición contra la revisión al alza del precio por hora efectuada este mismo año, al tiempo que cuestionaba a Pérez que no hablase con la oposición del expediente antes de introducir por urgencia su propuesta. Acusó además de hipócrita al gobierno local: «Seguro que xa tedes falado coa actual empresa [para que siga]. Alguén se cre que non?». Cristóbal Fernández (PSOE) expresó las dudas de la oposición ante el informe de Intervención, favorable a una prórroga del contrato, pero no al mantenimiento del servicio, explicaba el socialista: «Que imos aprobar aquí?», inquiría. La respuesta del interventor fue que jurídicamente solo existe la prórroga a fecha de ayer, porque el contrato no vencerá hasta el lunes. La oposición, que campaba a sus anchas por el pleno, explotó al máximo políticamente la ocultación de información por parte del gobierno, la falta de búsqueda de consenso y acusó a Paz Pérez de no lograr una respuesta clarificadora de Galáurea de si estaba interesada o no en la prórroga del contrato.
Tuvo que intervenir el secretario para recordar que «o diálogo e negociación coa empresa [Galáurea] é difícil», indicando que la propuesta plenaria busca garantizar la cobertura del servicio, pero sin una prórroga del servicio para la que la respuesta de Galáurea ya no llegaría a tiempo.
Teresa Varela (CxL) admitió que lo principal es que el servicio se preste, de forma legal o alegal, pero señaló que el gobierno debiera hacer comunicado a la empresa la voluntad de prórroga hace un mes, y de no querer seguir Galáurea, haberlo impuesto a la firma como servicio público. Vilariño apretó más a Paz Pérez, preguntándole si está garantizado que el martes se preste el SAF en Lalín; la concejala respondió que es «o desexable». Y Fernández criticó al gobierno por no haber buscado el consenso en, esta sí, cuestión crucial.
Discrepancias técnicas con el objetivo común de asegurar el servicio
Fue un punto con amplia participación de los más altos funcionarios municipales, secretario e interventor. Era fácil observar diferencias de criterio técnico, cuando el objetivo común de todos en el salón de plenos era garantizar la continuidad en la prestación de la atención domiciliaria.
El interventor expuso una diferencia en la continuidad de las empresas del agua y del SAF: en el primero, se dejó pasar la fecha de conclusión del contrato, por lo que «ya no era una prórroga». Fernández exponía que tampoco podía considerarse prórroga para el SAF, cuando la propuesta recogía que se pretendía mantener el servicio con la empresa actual o con otra. El interventor mantuvo sus tesis: el acuerdo antes del día 30, es una prórroga; después de esa fecha es «alegal, porque no está en los pliegos». Y el secretario, la suya: dijo que «é mantemento de servizo, porque a prórroga implica a vontade das dúas partes e xa non dá tempo» antes del lunes 30 para conocer la respuesta de Galáurea.
El interventor explicó que el recurso al precio no se introdujo en el expediente «porque son cuestiones distintas», y entiende además que el precio por hora fijado por el pleno es válido y vigente: «Si se da la razón a la empresa vendrá a pleno» tanto la variación del precio como la modificación presupuestaria para hacerle frente. ¿En cuánto puede disparar el coste del servicio si se acepta?, preguntó la oposición. No hay todavía cifras, respondieron los técnicos municipales.
Políticamente, otra diferencia: el cuatripartito en minoría buscó implicar al PP en la continuidad de Espina y Delfín, mientras la mayoría popular no se granjeó el apoyo de la oposición en el SAF.