El gobierno lalinense dice que el voto del edil de Comercio no fue decisivo

Rocío Perez Ramos
Rocío Ramos LALÍN / LA VOZ

LALÍN

miguel souto

Tilda de «nauseabundas as insidias» del PP respecto a un presunto trato de favor en la contratación de una póliza de seguros y desmiente cualquier favoritismo

16 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El gobierno de Lalín calificó de «nauseabundas» las insidias vertidas por el Partido Popular el fin de semana en relación a supuestas irregularidades en la contratación de una póliza de seguro municipal, en este caso las de responsabilidad civil. Consideran que «as gravísimas acusacións» del PP «non só carecen do máis mínimo rigor e fundamento, senón que tamén demostran un evidente ánimo de inxuriar a un membro da corporación municipal e de menoscabar -con simples insinuacións- á absoluta pulcritude na actuación do goberno municipal».

El PP pedía explicaciones al gobierno municipal por la presencia del actual edil de Comercio, José Manuel Fernández, y su voto en la junta de gobierno en la que se aprobó el pago de la póliza alegando que no les constaba su renuncia, ya que en el contrato de la póliza José Manuel Fernández, que por aquel entonces aún no era concejal, figuraba como agente exclusivo entendiendo que si no había renunciado era parte implicada y no podría estar en la sesión y que recibiría una comisión por ese seguro.

El gobierno lalinense señala que «o voto do edil na aprobación do pago en ningún caso foi decisivo» y que la factura «formaba parte dun único punto da orde do día da xunta de goberno no que había outras 85». Recuerdan que la junta la integran siete concejales y todos votaron a favor. Señalan que «en ningún momento o concelleiro foi advertido por parte de ningún dos técnicos municipais encargados de fiscalizar esta relación que se incluía unha que podía ter vinculación coa súa actividade profesional». En ese caso, dicen, el edil se habría abstenido indicando que la relación de facturas aprobadas el 18 de diciembre del 2017 sumaba casi 107.000 euros y la de la póliza ascendía a 11.838 euros.

Los populares significaban que el gobierno local sacó a concurso en su día la contratación de la póliza y que a él solo se presentó una empresa, Mapfre, que fue la que resultó adjudicataria. El gobierno local destaca también esta cuestión, el hecho de que la contratación se llevó a cabo a través de un concurso abierto y público al que concurrió una única compañía y desmiente «calquera posible favoritismo».

Consideran que los datos hechos públicos por el PP «desmontan de maneira contundente calquera ativo de dúbida sobre a limpeza deste proceso» argumentando esa concurrencia de una sola empresa y que, por tanto, resulta «imposible que houbese ningún presunto trato de favor ou irregularidade, xa que para darse esta circunstancia debería haber cando menos algunha outra compañía que vise vulnerados os seus lexítimos dereitos no proceso de adxudicación».

Recuerdan que cuando se firmó el contrato el agente mediador de la póliza no formaba parte aún de la corporación municipal «nin se podía prever naquel momento que chegase a facelo».

Sin discriminación

Defienden que limitar la posibilidad de este a contratar con cualquier administración pública, incluida el Concello, sería «unha inadmisible discriminación por motivos ideolóxicos propia dos tempos dos que o PP parece cada vez máis nostálxico». Añaden que sería como impedir a un miembro del PP que se pudiera presentar a un puesto de trabajo público en la Diputación para la finca de Mouriscade o al vivero de empresas. Inciden en que «o Concello mantivo contratadas varias pólizas de seguros -algunha das cales segue vixente- con destacados simpatizantes do PP» y que en la actualidad «o goberno contrata de maneira habitual con empresas dirixidas por familiares de membros do PP, cuestión que noutras épocas sería impensable».

El gobierno local acusa al PP de rencoroso y de practicar «a oposición pouco rigorosa e aínda menos decorosa» y de causar perjuicios al tejido empresarial.