El concejal de Antividade e Producción Agraria del Concello de Lalín, Manuel Fernández, destacó ayer la importancia del fallo porque confirma «a legalización das máis de mil explotacións sen licenza urbanística que a oficina agraria rexistrou no municipio antes da entrada en vigor da Lei do Solo e as exime de realizar calquer tramitación administrativa para continuar coa realización da súa actividade». Manuel Fernández apunta más ventajas al reconocimiento de la legalidad de estas explotaciones. «Facilitará aos seus titulares a obtención de autorización para a realización de obras de rehabilitación, conservación, adecentamento, mellora, reforma e, incluso, ampliación, eludiendo as consecuencias e eventuais expedientes de reposición da legalidade e sancionadores que se poidesen iniciar», señala el edil. Era el objetivo sindical La regularización, a través del respaldo parlamentario, de establos sin licencia, había sido la primera fase de una batalla ganada por los ganaderos y las organizaciones y los municipios con vocación agraria. Consideraban que habían conseguido la legalidad urbanística. La de actividad era confusa. Tanto que todos los sindicatos tenían, y con insistencia en los últimos meses, este frente como derecho a conquistar. Entre otras razones por lo incongruente de que la ley valide la construcción y no su uso. La sentencia liquida esa lucha al reconocer como legal la actividad.