Reconocieron conocer su existencia y haberlo aprovechado, pero sin divulgar datos
06 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de A Estrada dictó ayer sentencia por la que condena a dos investigados por el hackeo a cuentas de correo electrónico de profesores del instituto García Barros de la localidad, entre los meses de marzo y junio del 2017. El fallo condena a ambos, estudiantes en el centro educativo cuando sucedieron los hechos, a una pena de cuatro meses de prisión, que se suspende y evita su ingreso efectivo en prisión por ser inferior a los dos años y por carecer ambos de antecedentes penales. Además, se les suspende del derecho de sufragio pasivo durante ese mismo período de cuatro meses, y se les impone una multa de 480 euros, señalaron fuentes judiciales.
Delitos
El fallo judicial los condena por un delito de interceptación ilegal de datos informáticos, en concurso con delito de descubrimiento y revelación de secretos. Ambos reconocieron saber que estaba instalado en ordenadores del centro un software que permitía conocer contraseñas del correo de los docentes, pero negaron haberlo instalado. Uno de ellos admitió que efectuó únicamente dos entradas para ver si funcionaba y consultar las notas de una asignatura, sin acceder a datos de la vida privada de ningún profesor ni haber divulgado ninguno de los datos obtenidos. El otro accedió a varias cuentas de profesores por curiosidad, pero tampoco divulgó datos de carácter personal.
La sentencia de conformidad llegó ayer, tras haber sido citados los dos investigados en el propio juzgado estradense y prestar su conformidad con la acusación de la Fiscalía. De esta forma el procedimiento en marcha se transformó en diligencias urgentes, y sin necesidad de juicio, se dictó sentencia. El procedimiento permitió a los dos acusados beneficiarse de la reducción de un tercio de la pena.
La causa se archivó contra otros seis investigados la pasada semana
La sentencia dictada ayer llega solo una semana después de que el propio juzgado n.º 2 de A Estrada decretase el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra otros seis investigados por el hackeo en el centro educativo. Un archivo adoptado porque tras la instrucción judicial no existían datos objetivos que acreditasen que esos seis alumnos entonces del García Barros hubiesen realizado conductas delictivas, esto es, no se evidenció que hubieran instalado el programa de software para obtener las claves de correo de los profesores, ni que hubieran efectuado entradas no consentidas en cuentas de correo del sistema de gestión Xade de Educación.
En relación al caso, se apunta la existencia de una sentencia de un juzgado de menores de Pontevedra que impuso medidas a un menor ?en el momento de suceder los hechos?, por haber instalado el programa que permitió el acceso a las contraseñas del profesorado. Fue el origen de la operación Captor iniciada en mayo del 2017 por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín, que descubrió aquel programa y sus consecuencias: la obtención de exámenes que se distribuían luego entre alumnos a través de grupos de WhatsApp.