CDesde 1978 A Estrada se regulaba urbanísticamente con Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NSPM en adelante). En el año 1989 el Ayuntamiento se propuso sustituirlas por un Plan General (PXOM en adelante), pero sin éxito. A partir de ahí su intención ha tenido la suerte del «gafe». En el año 2002 fue iniciado otro PXOM que luego cayó también en desgracia. El siguiente intento, del año 2004, terminó sometido a tantas correcciones por parte de la Consellería que se dejó morir a la vista de nuevas elecciones municipales. Tras ellas se retomó el PXOM y el Ayuntamiento lo aprobó provisionalmente en el año 2012, pero con múltiples irregularidades de procedimiento y contenido, y así fue aprobado por el conselleiro respectivo definitivamente en junio del 2013.
Bajo sus irregularidades, algunas muy serias, una asociación estradense planteó un recurso contra el PXOM ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, solicitando cautelarmente la suspensión de su vigencia. Mediante auto del 2/04/2014, la Sala 2ª del TSJG otorga la suspensión cautelar de la vigencia del PXOM pedida. Dicha suspensión supone el retorno urbanístico nuevamente a las NSPM de 1978.
Entre medias, allá por el año 2006, no menos importante ha sido la bochornosa aventura de la Xunta de Galicia, inducida por el Ayuntamiento -o a petición de éste, como queramos tomar el asunto- quien mediante un Decreto de suspensión de la vigencia de las NSPM estableció una normativa provisional cuyo empaque técnico, y puedo manifestarlo, era absolutamente deplorable para la regulación urbanística de A Estrada; hasta el punto de ser anulado en su totalidad por el TSJG en Sentencia del 2009 en respuesta a un recurso presentado por una asociación estradense. Recurrida por sus causantes (Xunta de Galicia y creo que el Ayuntamiento) ante el Tribunal Supremo, éste, en el 2012 confirma la recurrida del TSJG y anula en firme ya el tinglado urbanístico creado por el desafortunado Decreto de suspensión provisional de las NSPM.
Ahora con la suspensión cautelar de la vigencia del PXOM recurrido, uno no puede por menos de preguntarse ¿qué es lo que realmente ocurre en los ánimos políticos de los gobiernos municipales? Se presume que buscan lo mejor para el municipio, pero ya son dieciséis años de desaciertos en tan importante ámbito sectorial municipal, necesitado de seguridad jurídica, especialmente para la ciudadanía y para la marcha económica de A Estrada.
Pues bien, la historia urbanística del gobierno de este magnífico municipio que todo lo ofrece al pie de Santiago de Compostela, no parece hacer bien sus deberes, porque desde el 1998 no levanta cabeza.
«Menos política y más administración»
No tendría que escribir estas líneas si no leyera en los medios de información, al filo de esta última suspensión cautelar del PXOM, que la Consellería recurrirá el Auto de suspensión justificando lo injustificable: que el retorno a unas NSPM «claramente obsoletas y no adaptadas a la legislación urbanística ni territorial vigentes» es perjudicial y que la Xunta cree que su aplicación en conjunción con las disposiciones transitorias de la Ley generará una «situación de incerteza y de inseguridad jurídica.». Claro que eso lo dice la Consellería y me temo que esté mal asesorada técnicamente porque sus errores advierten que llueve sobre mojado. Las inducciones políticas entre instituciones públicas no son mi motivación para criticar esas falacias justificativas, aunque «haberlas hailas» según parece. Decía Bravo Murillo allá a mediados del siglo XIX: «menos política y más administración» y no era mala recomendación ésta también en los tiempos que corren.
Quien causa inseguridad jurídica en el sector urbanístico es quien hace mal las cosas y encima se pasa la vida pleiteando contra asociaciones civiles que lo único que pretenden, in vigilando, es que se hagan bien, ejerciendo los derechos que la ley les otorga. Este es el caso. Pero sólo la política prepotente de la que parece gustar la Consellería de este sector, tiene más que hablar, además de ponerlo todo patas arriba.
Para terminar, desearía sentar técnicamente que las NSPM no están obsoletas en absoluto. Durante 24 años, sin interrupción y hasta hoy con ella, desarrollaron y modernizaron A Estrada en lo urbano y en lo rural sin grandes inconvenientes y en loable tranquilidad, hasta que el Ayuntamiento decidió «modernizarse» -lo opuesto a la obsolescencia- con un PXOM, y ahí encalló con todo su equipaje sin siquiera salir del puerto.
Calvario urbanístico
Las NSPM se realizaron al amparo del Texto Refundido sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976, Ley que es aún vigente y de aplicación subsidiaria de la legislación urbanística autonómica, madre de tres Reglamentos de élite técnica, dos de ellos casi perfectos: el Reglamento de Planeamiento y el de Gestión, que hoy siguen dando sus frutos en el ámbito urbanístico del Estado. De otro lado encontramos una profusión legislativa gallega que no acaba de aquietarse en lo bueno, porque entre leyes y sus modificaciones suman ya del orden de siete u ocho y a cada paso de peor resultado desgraciadamente. Ninguna novedad esencial tiene esta retahíla de leyes urbanísticas gallegas que pueda decirse que han mejorado el Texto Refundido de 1976 base de las NSPM, salvo complicar más el sector en un calvario urbanístico de por sí tormentoso. La fiebre sigue porque en estos momentos la Xunta está gestando ya la siguiente ley urbanística, así que, mala noticia para aquellos Ayuntamientos que tiene en revisión o adaptación su normativa.
Justificaciones torticeras
En fin, no es esta la ventana adecuada de crítica sobre la legislación urbanística gallega, pero no puede matarse al mensajero cuando a uno le salen mal las cosas, y como autor que he sido en su día de las NSPM, no me gustan las justificaciones torticeras sobre aquellas cuando el tiempo las hizo buenas y estables. Me temo que en todo este período de desorden urbanístico, y no sólo en A Estrada, ha influido más la pasión política que la razón, y la Consellería responsable del urbanismo de Galicia tiene bastante más culpa que el Ayuntamiento: primero, por asesorar mal al Gobierno municipal en estas lides, y segundo, por no evitar meterlo en aventuras urbanístico-jurisdiccionales cuyo resultado ha sido el que conocemos. Por supuesto, el Ayuntamiento no está libre de pecado por su pertinaz obsesión en nadar siempre a contra corriente del pueblo.